Otra vez, un circo en el Congreso. El vergonzoso espectáculo en el que se convirtió el hemiciclo, el jueves 13 de junio, no era para reír, sino para llorar.
Tenían en sus manos el poder de impedir que asesinos, terroristas, violadores, corruptos, traficantes de drogas, entre otros sentenciados por delitos graves, postulen a cargos públicos, pero una vez más, prefirieron priorizar sus intereses personales y políticos. No lograron ponerse de acuerdo para evitar que delincuentes sentenciados por delitos graves nos gobiernen.
Ley beneficiaría a conocidos sentenciados
Incluir en la lista de delitos el de organización criminal, no sólo hubiera implicado la posibilidad de dejar fuera de carrera electoral a su lideresa, la tres veces candidata presidencial, Keiko Fujimori, quien se encuentra procesada por ese mismo delito.
Hubiera afectado también a más de la mitad de los congresistas, que no ven la hora para reelegirse.
Bajo el argumento de falta de consenso, el jueves pasado se boicoteó una importante reforma constitucional, que buscaba prohibir que delincuentes condenados, incluso en primera instancia por delitos dolosos, postulen a cargos públicos incluso hasta 10 años después de cumplida su rehabilitación.
Alejandro Muñante, convocaba a una conferencia de prensa para exigir que se debata, de una buena vez, un proyecto de ley, multipartidario, que modifica los artículos 39 a y 39 a de la Constitución Política para garantizar la idoneidad en la función pública.
Ya en diciembre de 2023, este dictamen había sido enviado a un cuarto intermedio a pedido de la propia Moyano.
Junto a congresistas de 6 bancadas, Muñante trataba de evitar que se repita la historia. Uno por uno, pidieron a Moyano fijar día, hora y fecha para iniciar el debate antes de que concluya la Legislatura. Se necesitaban 87 votos y 2 Legislaturas.
Martha Moyano presentó texto sustitutorio
Pero Martha Moyano, quien reapareció en el pleno a las 5:30 de la tarde, tenía otros planes. En lugar de plantear a debate, este primer dictamen aprobado en marzo de 2023, en el cual violadores, asesinos, secuestradores, corruptos, entre otros delitos, puedan postular a cargos públicos. Moyano planteó un texto sustitutorio, que desató la guerra entre bancadas de izquierda y derecha.
En este texto sustitutorio, elaborado horas antes de leerlo en el pleno, no estaban los delitos del dictamen original. Había dejado fuera homicidio y secuestro, curiosamente, dos de los delitos por los que su líder Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años.
A falta de consenso, desde la izquierda se planteó una solicitud para que el dictamen retorne a la comisión de constitución. Pero no prosperó y continuó el debate.
Alegando que se trataba de un dictamen direccionado, la izquierda presentó una segunda cuestión previa y exigió que solo votaran quienes se encontraban presentes en el pleno para evitar que se hiciera trampa.
El descontrol se apoderó del hemiciclo, lo que obligó a Alejandro Soto a salir de su oficina para auxiliar a Cerrón.
Segunda cuestión previa
Ante la falta de acuerdo, la izquierda planteó una segunda cuestión previa, que irónicamente, fue aprobada con 90 votos gracias a las bancadas de derecha.
Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, así como Perú Libre, Cambio Democrático – Juntos por el Perú, y Perú Bicentenario respaldaron el retorno del texto sustitutorio a la comisión de constitución.
