Poder Judicial anunció evaluación de jueces a nivel nacional para evitar conductas disfuncionales

El Poder Judicial, a través de su titular Javier Arévalo, anunció que se iniciará con la “inmediata” evaluación de desempeño de todos los jueces y juezas supernumerarias del país de la especialidad penal.

Asimismo, se exhortó a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) que actúe llevando acciones eficaces de prevención en el marco de sus competencias con la mayor celeridad y severidad contra jueces y juezas para sancionar conductas disfuncionales.

Desde la región La Libertad, el presidente del Poder Judicial también indicó que, como parte de los acuerdos logrados junto a jueces supremos y presidentes de 35 cortes de todo el país, se ratificó el compromiso de actuar con autonomía e independencia en sus decisiones, además reafirmaron su responsabilidad en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción.

Finalmente, solicitaron a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la convocatoria para el nombramiento de jueces y juezas titulares. Al Ministerio Público le solicitaron que exhorte a sus miembros, para que, en el ejercicio de sus funciones de persecución del delito, den cumplimiento a todos los requisitos de forma en sus requerimientos de prisión preventiva, a fin de evitar que deficiencias formales puedan justificar el rechazo de sus peticiones.

Asimismo, solicitaron al Parlamento aprobar una legislación especial que permita combatir la criminalidad en forma severa y oportuna teniendo en cuenta que se enfrentan a organizaciones criminales que amenazan la existencia del propio Estado, según se indicó.

En tanto, al Poder Ejecutivo le pidieron asumir el liderazgo de la lucha contra la criminalidad y disponer el otorgamiento de los recursos necesarios para este fin como una muestra del compromiso de lucha integral contra la delincuencia y el crimen organizado.

En otros acuerdos, ratificaron su También se comprometieron a reforzar la capacidad de respuesta institucional y a usar todos los instrumentos jurisdiccionales para promover eficazmente la implementación de las unidades de flagrancia y la virtualización de los procesos.

Además, disponer la sistematización de las sentencias para que la información sea analizada cualitativa y cuantitativamente para que se incorpore en el mediano plazo herramientas de inteligencia artificial.