Hoy:

    Perú es uno de los países con mayor riesgo a nivel global de sucumbir ante la crisis alimentaria

    La guerra en Ucrania expone una necesidad urgente de repensar y mejorar la estructura y la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios.

    Foto: Andina
    Foto: Andina

    La invasión rusa de Ucrania está poniendo a prueba la capacidad de los sistemas alimentarios mundiales para nutrir al mundo en tiempos de crisis. Se estima que 1.700 millones de personas, la mayoría de ellas en economías en desarrollo, podrían sufrir un aumento severo de la inseguridad alimentaria, precios más altos de la energía o una mayor carga de la deuda, según el Equipo de Trabajo de la ONU para el Grupo de Respuesta a la Crisis Global. Cada uno de estos factores individuales afecta negativamente la capacidad de las personas para alimentarse. Al mismo tiempo, existe una necesidad crítica de abordarlos de manera más holística y en todos los sectores a fin de remodelar nuestros sistemas alimentarios para que se pueda contrarrestar esta crisis humanitaria y las futuras.

    Un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG), titulado “La guerra en Ucrania y la prisa por alimentar al mundo”, explora en detalle los múltiples impactos directos e indirectos de la guerra en Ucrania y brinda 30 soluciones a corto y mediano plazo para ayudar a responder a la crisis y mejorar la resiliencia de los sistemas alimentarios mundiales. Como señala el informe, la crisis alimentaria mundial que se avecina no es sobre la capacidad del mundo para producir suficientes alimentos. Más bien, se trata de la incapacidad de los sistemas alimentarios para almacenar y distribuir suficientes alimentos de manera segura y equitativa, y los insumos necesarios para producirlos, frente a la irrupción causada por la guerra en curso.

    Juntos, Rusia y Ucrania representan alrededor del 12% del total de calorías alimentarias comercializadas en todo el mundo, y ambos son exportadores críticos de productos básicos como el trigo (28 % del comercio mundial) y el aceite de girasol (69 %), según el Instituto International de Política Alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU compra a Ucrania la mitad del trigo que distribuye en todo el mundo. Además, a medida que caen las exportaciones de estos países, algunos otros países exportadores líderes han anunciado prohibiciones o restricciones de licencias diseñadas para proteger sus propias reservas de alimentos.

    Como resultado, los precios se están disparando, no solo para los alimentos, sino también para los insumos agrícolas esenciales, como fertilizantes y combustibles, de los que Rusia ha sido durante mucho tiempo un proveedor clave. Aproximadamente la mitad de la población mundial depende de la producción de alimentos que utilizan fertilizantes, y una caída en el suministro de fertilizantes podría afectar gravemente a las poblaciones expuestas durante un máximo de cuatro años, a menos que se tomen medidas de inmediato para aumentar los suministros. Además, el efecto dominó de las interrupciones en la cadena de suministro de fertilizantes llegará a los consumidores de todo el mundo.

    El impacto de la guerra en los precios del combustible ha sido igualmente dramático. Junto al costo adicional para los agricultores del combustible que necesitan para hacer funcionar sus equipos, el transporte terrestre de última milla representa hasta el 40% de los costos de los alimentos en muchos países en desarrollo. Entonces, a medida que aumentan los precios del combustible, aumenta el costo total de los alimentos, creando un círculo vicioso.

    Para empeorar las cosas, la crisis actual coincide con altos niveles de deuda en muchas economías en desarrollo de todo el mundo. En gran parte debido al gasto público para hacer frente a los desafíos presentados por el COVID-19, alrededor del 60 % de los países de bajos ingresos se encuentran actualmente o están en alto riesgo de sobreendeudamiento, en comparación con solo el 30 % en 2015, según el Fondo Monetario Internacional.

    En Latinoamérica, existen 3 países que se encuentran en un alto riesgo de sufrir las consecuencias de la crisis alimentaria: Perú, Colombia y Venezuela. Entre los factores que influyen en esta amenaza están la inflación, la dependencia en la importación de fertilizantes y la inseguridad alimentaria.

    “Si bien esta crisis nos afectará a todos en todo el mundo de manera significativa, las economías de bajos ingresos corren el riesgo de sufrir devastación y posibles disturbios”, dijo Ertharin Cousin, directora ejecutiva y fundadora de Food Systems for the Future, y coautora del informe. “No estamos hablando solo de los más pobres, que ya están pasando hambre. También estamos hablando de personas que recientemente podían permitirse una barra de pan para sus familias y que ahora, literalmente, no podrán hacerlo”.

    Aliviar la crisis actual requiere, sobre todo, una respuesta humanitaria de emergencia coordinada e inmediata por parte de todas las partes interesadas (gobiernos, instituciones y bancos de desarrollo, ONG y empresas privadas) para satisfacer las necesidades más apremiantes de ayuda humanitaria. Deben proporcionar no solo alimentos y apoyo financiero, sino también las semillas, los insumos, las herramientas y la asistencia técnica necesaria para apoyar la intensificación sostenible en el país y otras acciones de sustitución de cultivos. El informe describe un conjunto de soluciones de 30 recomendaciones clave para todas las partes interesadas.
     
    “Se habla mucho sobre los componentes individuales de la crisis, pero es fundamental que analicemos las cosas de manera integral y reconozcamos la interdependencia de factores que van desde el aumento de los costos de los alimentos, fertilizantes y combustibles hasta niveles saturados de deuda, problemas relacionados con el clima, conflictos en curso en otras partes del mundo y COVID-19. Hay múltiples riesgos latentes que están al límite por la invasión de Ucrania por parte de Rusia”, dijo Shalini Unnikrishnan, managing director y socia de BCG, líder mundial de Alimentos y Naturaleza en la práctica de Impacto Social de la firma, y coautora del reporte.