Pedro Chávarry, el caso Lava Jato y los enfrentamientos en el Ministerio Público

La crisis que sacude al Ministerio Público no tiene precedentes. A la cabeza de la institución tenemos a un fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que negó en todos los idiomas que hubiese asistido a una reunión con periodistas organizada por el ex juez supremo César Hinostroza, en la casa del ahora detenido Antonio Camayo. Hasta que un audio aún más comprometedor vio la luz.

Entonces al fiscal de la nación no le quedó otra alternativa que reconocer que había mentido, que sí había asistido a la reunión en la casa de Camayo, pero que lo ocultó, según él, no para aferrarse al cargo, sino para proteger a su institución.

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“Fue un error que debo admitir, pero no lo hice con el afán de esconder nada ilegal, por el contrario, yo quería establecer una estrategia para que mi institución estuviera limpia y fuera transparente”, dijo a El Comercio.

Chávarry dice que no mintió, sino que se equivocó. Y que además lo hizo por una buena causa, un fin supremo. Sin embargo, el inciso 5 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que uno de los requisitos indispensables para ser fiscal supremo es “gozar de conducta intachable, públicamente reconocida”.

El jueves, presidente del Congreso, en lo que muchos interpretaron como un gesto de respaldo, recibió la visita protocolar del cuestionado fiscal de la Nación. Al final de la reunión y empoderado, Pedro Gonzalo Chávarry dejó en claro que ni siquiera se le cruzaba por la cabeza la idea de renunciar al cargo.

Pero ya no sólo se trata de un fiscal de la Nación que le mintió al país y se resiste a renunciar a su cargo, sino que ahora sus subordinados se han enfrascado en una guerra interna que ha puesto de manifiesto el caos reinante en una de las instituciones más importantes del sistema de justicia. 

El jueves en el programa 20 18 de canal N, el fiscal provincial de lavado de activos, José Domingo Pérez, enfiló sus baterías hacia el interior de la institución decidido a no dejar títere con cabeza. Pérez Gómez relató que le pidió a su superior, el fiscal Rafael Vela Barba, que lo regresara a su puesto anterior pues no estaba de acuerdo con la asunción de Chávarry como fiscal de la Nación.

“Yo le dije, la única manera de que yo me quede es que se unifique el equipo de lavado con el equipo especial porque la información es la misma”, dijo Pérez.

Como se recuerda, una de las primeras acciones que tomó el cuestionado fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, al asumir el cargo fue unificar los dos equipos que investigaban el caso Lava Jato en uno solo. 

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Las investigaciones no habían rendido fruto y las negociaciones para llegar a un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht estaban trabadas. Chávarry fusionó la fiscalía de lavado de activos, a cargo del fiscal Rafael Vela Barba, con el equipo especial dirigido por el fiscal Hamilton Castro. 

El nuevo fiscal de la Nación nombró a Vela Barba como coordinador de este nuevo equipo conjunto, dejando fuera del caso a Hamilton Castro, a quien Pérez Gómez acusa ahora de haber puesto trabas a la investigación de la empresa Odebrecht y haber protegido a los exfuncionarios peruanos involucrados en las denuncias por corrupción. 

También afirmó que el jefe de la Unidad de cooperación internacional de la Fiscalía, Alonso Peña Cabrera le indicó que no podía hacer preguntas sobre las siglas ‘AG’ en la diligencia que se llevó a cabo en Brasil con exdirectivos de Odebrecht.

Pero eso no es todo. José Domingo Pérez también afirmó que cuando allanó los locales de Fuerza Popular en diciembre del año pasado, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez se mostró, según su versión, muy preocupado. “Voy a la oficina del doctor Pablo Sánchez y en lugar de mostrar satisfacción por mi trabajo, me dice no sabes con quiénes te has metido”, reveló.

El exfiscal de la Nación ha señalado que efectivamente le dijo esa frase a Pérez, pero en un sentido distinto. “Yo nunca le dije que se había metido con gente poderosa, le dije que era un fiscal con valentía porque se había metido con gente de poder, pero no en ese sentido, sino en el mejor sentido de la palabra y que yo respaldaba su trabajo, entonces no es tan exacto lo que él menciona”, refirió Sanchez.

El mismo jueves por la mañana, el flamante fiscal coordinador del caso Lava Jato, Rafael Vela Barba ofreció una conferencia de prensa junto a su equipo para anunciar la firma de un acta de entendimiento con la empresa Odebrecht y el abogado de Jorge Barata para la culminación del procedimiento de colaboración eficaz. Vela aprovechó la oportunidad para disparar contra Hamilton Castro, a quien acusó de dilatar la entrega de información de su investigación.

Nos comunicamos con el fiscal Castro para pedirle su descargo, pero nos manifestó que está abocado precisamente a la entrega del cargo. 

Por otra parte, varios puntos del acta de entendimiento entre la Fiscalía peruana y la empresa Odebrecht han llamado la atención. Como el acuerdo en virtud del cual la empresa entregará la información sobre sobornos en el Perú que tiene en sus servidores, solo después de la firma del acuerdo de colaboración eficaz definitivo.

“Eso es inadmisible. Yo voy a darte la colaboración y el beneficio si previamente analizo y verifico la importancia de la documentación que tú me entregas, entre ella la información contenida en los servidores de Odebrecht. […] Así no funcionan los acuerdos de colaboración ni aquí ni en la China”, señaló el exprocurador anticorrupción Ronald Gamara.

Pero lo más preocupante es el punto 5 del acuerdo, que señala textualmente que “el Ministerio Público, conforme a los objetivos de la colaboración eficaz dispondrá la conclusión [archivamiento o sobreseimiento, conforme a ley] de las investigaciones en Perú y no iniciará otras en contra de la empresa, sus funcionarios o ex funcionarios”. 

Recordemos que la empresa Odebrecht ha reconocido que pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre los años 2005 y 2014 para la adjudicación de 6 proyectos. Con esta acta de entendimiento, el Estado peruano no podrá abrir investigación si se descubren indicios de corrupción en otros proyectos.

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El enfrentamiento entre los fiscales que tenían y tienen a su cargo la investigación del caso Lava Jato ha revelado que existen dos facciones enfrentadas al interior del Ministerio Público.

El último viernes, la Junta de Fiscales Supremos sesionó como todos los primeros jueves del mes. Como era evidente, esta vez se tocó el tema de la idoneidad de Pedro Chávarry para el cargo de fiscal de la Nación. 

Los supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos le reclamaron su renuncia, pero Chávarry afirmó que no ha cometido ninguna falta grave y que lo mejor es esperar a que el Congreso resuelva la acusación constitucional en su contra. Los respaldaron los fiscales supremos que votaron inicialmente por él, Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez, ambos como Chávarry, también protagonistas de audios que revelan su cercanía con el suspendido César Hinostroza.

A estas alturas está claro que a Pedro Gonzalo Chávarry lo respalda no solo la mayoría de la Junta de Fiscales Supremos, sino también la mayoría opositora en el Congreso. Tampoco caben dudas sobre cómo su renuencia a renunciar al cargo ha agravado seriamente la crisis al interior del Ministerio Público. 

Pero Chávarry insiste en permanecer al mando de una de las instituciones llamada a liderar la reforma del sistema de justicia, pero que lamentablemente hasta el momento parece estar sumergiéndose lentamente en un profundo caos.