José Ugaz, ex procurador anticorrupción, expresó su preocupación por la actual situación política y judicial en Perú.
En diálogo con Canal N, señaló que existe un pacto clandestino entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y otras instituciones como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
El ex procurador destacó que la reciente ley sobre crimen organizado que atenta contra el procesamiento de delitos de lesa humanidad es una muestra clara de este plan.
Recordó que estos delitos incluyen masacres, torturas y asesinatos de civiles, actos que no deben ser protegidos bajo ninguna circunstancia.
Sin embargo, subrayó que la actual norma busca proteger tanto a represores como a organizaciones terroristas responsables de asesinatos colectivos durante la época del terrorismo en Perú.
En su análisis, el ex procurador enfatizó que esta ley es inconstitucional y viola el derecho internacional humanitario al que Perú está obligado.
Indicó que, según la Constitución y los tratados internacionales, los jueces peruanos tienen el deber de inaplicar esta norma y seguir administrando justicia conforme a los principios universales.
Criticó declaraciones del premier
Sobre las declaraciones del jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, quien argumentó que ninguna autoridad supranacional puede ordenar a los poderes del Estado peruano, el ex procurador calificó esta postura como ignorante e intencionalmente política.
Recordó que Perú, al ser parte de la comunidad internacional, ha cedido parte de su soberanía para cumplir con mandatos de justicia supranacional.
Lesa humanidad
José Ugaz también se refirió a los casos pendientes de violaciones de derechos humanos, como las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Afirmó que estos procesos deben continuar, ya que la norma vigente no puede limitar el cumplimiento de principios universales.
Al finalizar, destacó que la actual situación política y judicial en Perú está poniendo en riesgo la posible inclusión del país en la OCDE.
Señaló que el nivel de corrupción y las recientes acciones del Congreso y el Ejecutivo están desacreditando al país a nivel internacional.
Finalmente, advirtió sobre un posible pacto entre el Congreso y el Ejecutivo para dinamitar la legislación nacional y proteger intereses criminales.
