'Intocables Ediles': ¿Por qué la Fiscalía allanó la propiedad de Luciana León?

El Poder Judicial ordenó el allanamiento de la vivienda de Luciana León a pedido de la Fiscalía como parte de la investigación por el caso 'Los Intocables Ediles'. Según la tesis fiscal, la excongresista del Apra tendría vínculos con un miembro de esta organización delictiva.

El hombre clave en esta historia es Alexander Peña Quispe, hombre cercano al exalcalde de La Victoria, Elías Cuba y que era uno de los cabecillas y hacía labores con un brazo armado policial, sobrevaloración de obras, cobro de cupos, entre otros.

También tenían un brazo "político y legal". Y es aquí donde entra a tallar Luciana León. La exparlamentaria, según la Fiscalía, habría sido contactada con Peña Quispe a través de su asesora Betsy Mattos.

Una vez establecido el contacto, León Romero, a cambio de dinero, accedió a realizar gestiones que favorecieran y facilitaran el trabajo de los 'Intocables Ediles' en la Municipalidad de La Victoria.

Según la hipótesis de investigación que encabeza el fiscal Reynaldo Abia, León Romero habría participado en realizar gestiones a favor de la MLV para que esta obtuviera presupuesto en obras.

Además, la exparlamentaria también habría gestionado ante el Ministerio de Economía que se incluya a la MLV en un concurso de inversión pública para que se apruebe un presupuesto requerido por el municipio para la compra de patrulleros de Serenazgo.

La compra de estos vehículos iban a beneficiar a una de las empresas de Alexander Peña, como la licitadora en la adquisición.

Para tal fin y la ejecución de pagos ilegales intercedió la asesora Betsy Mattos y de un suboficial de 3ra, Leonardo Barturén, que también era seguridad de la exlegisladora Luciana León.

A cambio de esta gestión que favorecería a la Municipalidad de La Victoria, Rómulo León Romero (hermano de Luciana) fue contratado como administrador de una de las empresas de Peña. Fue la retribución por interceder ante el MEF.

El fiscal Abia también maneja la teoría de que León recibía "cuantiosas sumas de dinero" a cambio de sus gestiones ilícitas entre los años 2017 y 2018 usando su cargo de congresista de la República.

La orden de allanamiento fue dispuesta por la jueza Sonia Bazalar Manrique, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos.

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