La inseguridad en Gamarra, uno de los emporios comerciales más importantes de Perú y Latinoamérica, está afectando gravemente a los empresarios y comerciantes del sector, quienes enfrentan problemas como extorsiones, amenazas y robos.
Según una encuesta realizada entre cerca de 1,100 empresarios, el 87.9% de ellos ha experimentado algún tipo de amenaza o inseguridad en los últimos 12 meses.
Las cifras también revelan que el 9.1% ha sido víctima de extorsión y un número similar ha recibido amenazas directas. Además, más del 40% de los empresarios que han presentado denuncias y el 90% no han recibido ninguna respuesta o solución por parte de las autoridades.
Este contexto de inseguridad ha llevado a los comerciantes de Gamarra a exigir medidas urgentes. Entre sus principales demandas se encuentra la declaratoria de emergencia del distrito de La Victoria, una medida que no solo sea simbólica, sino que implique acciones concretas como la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en el control de la delincuencia.
También se pide el cambio del comisario de la comisaría de Apolo, debido a la falta de resultados visibles en la lucha contra el crimen organizado en la zona.
Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Gamarra, y Víctor Contreras, presidente de la Federación de Comerciantes de Gamarra, han enfatizado que la responsabilidad principal recae en la presidenta de la República y el ministro del Interior, según lo expresado por los encuestados.
Además, consideran que es crucial una reforma del sistema de justicia para que los delincuentes no sean liberados por fiscales o jueces corruptos, lo que deja sin sentido los esfuerzos de la Policía.
Paro de transportistas
El paro realizado por los comerciantes de Gamarra fue ampliamente acatado, con más del 99.9% de los negocios cerrados hasta las 2 de la tarde, y un 70% manteniendo el paro durante todo el día.
El reclamo principal es la necesidad de garantizar la seguridad tanto de los empresarios como de los clientes que frecuentan Gamarra, especialmente en una época crítica como la campaña navideña, en la que el emporio recibe entre 300,000 y 500,000 personas al día.
Otro de los grandes problemas que enfrentan es la informalidad en las calles aledañas, donde los vendedores informales son extorsionados por bandas criminales que cobran cupos.
Esta situación, además de la competencia desleal, genera pérdidas para el país en términos de recaudación fiscal, estimadas en 1,500 millones de soles al año.
Los comerciantes han señalado que la falta de comunicación y coordinación con las autoridades, tanto municipales como policiales, ha empeorado la situación.
La solución pasa no solo por una intervención de seguridad, sino también por una reforma profunda del sistema judicial y un mayor control de la informalidad que afecta a este sector clave de la economía peruana.
