Expresidenta del Tribunal Constitucional: "El caso Soto ha generado una impunidad masiva"

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, aseguró que la Ley 31751, norma que modifica el plazo de la prescripción de delitos a un año y es también conocida como la Ley Soto, "ha generado una impunidad masiva generalizada" ante otros casos como Los Cuellos Blancos, Odebrecht, entre otros.

"Esta ley va a generar una impunidad masiva a todos los procesos judiciales que se llevan a cabo para todos los delitos en nuestro país. Y eso es un efecto perverso, sino que además desnuda la ausencia de solvencia moral", indicó en entrevista a Octavo Mandamiento.

"LEY CON NOMBRE PROPIO"

En ese sentido, Ledesma indicó que la norma es una "ley con nombre propio" y que para el caso del actual presidente del Congreso se aplicó de manera retroactiva generando "un efecto a todo el sistema penal, generando impunidad masiva".

"El Poder Judicial debe dar una interpretación a dos reglas básicas de la Constitución. Toda la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en temas penales en la que medida que sea beneficiario el procesado", agregó.

Al respecto, instó a la Corte Suprema a emitir un pronunciamiento oportuno sobre la denominada "Ley Soto" para determinar los plazos para una eventual prescripción, porque "no todos los casos no pueden ser tratados del mismo modo".

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Incluso, la extitular del TC, señaló que se podría denunciar constitucionalmente al presidente del Congreso, Alejandro Soto, por una presunta violación al artículo 103 de la Constitución del Perú.

RESPONDIÓ A ACUSACIÓN EN SU CONTRA

Por otro lado, Ledesma explicó que no puede ser juzgada por las decisiones que tomó durante sus funciones en el Tribunal Constitucional respecto al caso de la disolución del Congreso en el 2019, por lo cual fue denunciada constitucionalmente por la parlamentaria Patricia Chirinos.

"El ejercicio de la actividad jurisdiccional está protegida de una inmunidad [...] como lo que hice cuando interpreté una situación concreta [...] Es una protección constitucional para que un funcionario pueda ejercer su labor y no ser cuestionado por la decisión que dictó", explicó en Canal N.

La expresidenta del Tribunal Constitucional, no descartó acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defenderse ante la denuncia presentada por la congresista Patricia Chirinos, la cual calificó de una "venganza política".