Hoy:

    Exdirectivos de Graña y Montero brindan información sobre tres casos a Fiscalía

    José y Hernando Graña se han acogido a la colaboración eficaz y colaborarán con la Fiscalía

    José y Hernando Graña se plegaron a la colaboración eficaz. Foto: América TV

    José y Hernando Graña, ex directivos de la constructora Graña y Montero se han acogido a la colaboración eficaz en el marco de la investigación Lava Jato en nuestro país. 

    Este domingo por la mañana, el juez Richard Concepción Carhuancho debía revisar la solicitud de prisión preventiva formulada por el fiscal José Domingo Pérez en contra de los ex directivos de la constructora, por el caso Metro de Lima. 

    Al final, y no sin cierta sorpresa, Carhuancho aceptó el desistimiento de la medida formulada por el propio fiscal. Pérez explicó que esto se debía a que los Graña se habían acogido a la colaboración eficaz y habían decidido renunciar a la reserva de su identidad. 

    La nueva situación judicial de los Graña se produce en un momento clave de la investigación Lava Jato en el Perú, con la llegada de nueva información desde el Brasil, luego de las últimas declaraciones que Jorge Barata brindó a los fiscales peruanos hace algunas semanas. 

    De forma extraoficial, Cuarto Poder ha podido conocer que los ex directivos de la constructora peruana vienen brindando información al equipo especial de fiscales en torno a casos en los que participó la empresa. 

    Es decir, Gasoducto Sur Peruano, Club de la Construcción y Metro de Lima, además de investigaciones puntuales como las seguidas contra Susana Villarán, Luis Castañeda Lossio y Ollanta Humala y Nadine Heredia por los supuestos aportes de campaña vinculados a la entrega de proyectos de infraestructura.

    Hace unos meses, en junio pasado, Graña y Montero como empresa ya había entregado información a la Fiscalía en el marco de un proceso de colaboración eficaz por el caso Club de la Construcción. 

    Entonces, se conoció que la empresa había entregado información referida a un soborno de 12 millones y medio de soles que en consorcio desembolsó en junio de 2012 para la obtención de un proyecto de infraestructura en Ayacucho: El tramo II de la carretera Quinua – San Francisco, que tuvo un costo final de 650 millones de soles (S/ 650’543,006). 

    El hallazgo se dio luego que la empresa realizó una auditoria, tras la renuncia de sus principales directivos que, según Jorge Barata, conocían de los pagos de Odebrecht por proyectos como la Interoceánica Sur, donde se habría pagado cerca de 30 millones de dólares al ex presidente Alejandro Toledo. 

    En abril pasado, Barata sostuvo que estos pagos también se produjeron por los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. El ex ejecutivo brasileño volvió a señalar que sus socias peruanas sabían de todo el complejo entramado de pagos o propinas.

    Según Barata, sus socias peruanas se habían comprometido con Odebrecht en devolverle el porcentaje de dinero que les correspondía por los supuestos sobornos a través de la distribución futura de las utilidades de los consorcios que formaban por los proyectos. 

    El concepto bajo el cual se devolvía el dinero: riesgos adicionales, en los que supuestamente incurría Odebrecht. 

    Según algunas fuentes consultadas, los acuerdos de colaboración a los que han llegado José y Hernando Graña son distintos al que viene aspirando la empresa como tal, que de un tiempo acá se ha esforzado en señalar que no guarda relación con los ex directivos.

    Lo que cuenten y las pruebas que entreguen servirán para cerrar muchos casos del lava jato peruano, pero también puede servir de contrapeso a lo que Odebrecht ha venido contando hasta el momento. 

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