COVID-19: Defensoría pide al Minsa cambios con evidencia científica
Perú Libre anuncia desafuero y acusación constitucional contra el defensor del pueblo.
La Defensoría del Pueblo envió un mensaje al Ministro de Salud y pidió que los cambios en el límite de aforo o el uso de la mascarilla sean realizados con la “evidencia científica y en capacidades de nuestro sistema de salud”.
“Instamos al gobierno a pedir la opinión técnica de la OPS / OMS para cuidar la salud pública. Pedimos al Ministerio de Salud no modificar uso obligatorio de mascarillas en exteriores e interiores porque la mayoría de la población no ha recibido aún la tercera dosis”, indica la institución a través de un comunicado que llegó a nuestra redacción.
Para la Defensoría del Pueblo las medidas precipitadas o infundadas pueden generar un aumento de muertes por COVID-19. En esa línea, pidió reforzar la vacunación de niños y niñas, así como proteger a la población con la tercera dosis. También ha pedido al titular de Salud que informe al país sobre los plazos previstos para completar la vacunación. “Ni las autoridades ni la población deben optar por el relajo o la resignación frente a la pandemia”, señaló la entidad.
Condena y rechazo
Por la tarde del lunes 21 de febrero, la bancada de Perú Libre emitió un pronunciamiento sobre lo que ellos han llamado “permanencia irregular del defensor del pueblo” y anunciaron desafuero y acusación constitucional contra Walter Gutiérrez.
“El Defensor del Pueblo no ha cumplido el cargo con la idoneidad que el puesto reclama; ha hecho oídos sordos a los abusos cometidos por los poderes fácticos del país contra el pueblo; sigue apoyando abiertamente posturas políticas violando la neutralidad que el cargo exige; ataca constantemente al presidente de la república contribuyendo a la inestabilidad política”, dice el comunicado.
De acuerdo con el partido oficialista, la presidenta del Congreso puede cesarlo del cargo, pero no lo hace. Al final del mensaje, Perú Libre dice que Gutiérrez ha generado malestar político y debe merecer una acción constitucional, desafuero e inhabilitación para la función pública.
