Corte IDH: ¿qué implica la decisión de un país que opta por retirarse?
Recientemente se planteó la posibilidad de instaurar la pena de muerte en Perú y para ello el país debería abandonar el Pacto de San José ¿qué sucedería en un eventual escenario?
Ante los recientes casos de violación a niños en el Perú, el parlamentario Roberto Vieira presentó una moción para que el Congreso inste al Ejecutivo a emprender el proceso para retirar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dar lugar a la pena de muerte. ¿Qué implica la decisión de retiro?
La denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de un país miembro, implica que deja de ser parte del Pacto de San José y por ende se retira de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por lo que al acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los casos no podrán ser vistos por el Tribunal.
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Ante un eventual retiro de la Corte IDH, los casos que están en proceso continúan siendo vistos por el Tribunal. Además, el organismo podrá recibir nuevas denuncias, siempre y cuando hayan sido cometidas durante el tiempo en que el país formaba parte de la Convención.
Las medidas dictadas por la Corte IDH no pierden vigencia una vez que un Estado denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos. El país en cuestión debe acatar los fallos y el organismo internacional puede hacer seguimiento de los casos que juzgó.
¿Si un Estado se retira de la Corte IDH deja de ser parte de la CIDH?
El retiro de un país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no implica la salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que esta última no fue creada por la Corte, sino que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Antecedentes
En 1999 Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y así decidió retirarse de la Corte, con sede en San José (Costa Rica), luego que ese organismo le ordenara abolir la pena de muerte por considerarla violatoria del derecho a la vida, instrucción que el Gobierno de Puerto España rechazó acatar por considerar que dicha sanción es una pieza fundamental de su sistema de justicia penal.
