Contratados en el Congreso con documentación falsa

Una nueva y escandalosa denuncia pesa sobre los hombros de Jorge Luis Torres Saravia, el hombre sindicado de ser la cabeza de una presunta red de prostitución en el Congreso y quien sería una pieza clave en el crimen de Andrea Vidal, acribillada por sicarios en diciembre pasado.

Documentos del propio Poder Legislativo evidencian que el exjefe de la joven asesinada habría usado documentos falsos para conseguir un codiciado puesto de trabajo en el Estado, un delito penado con cárcel.

En el Congreso ya se sabe que este hombre vinculado a Alianza para el Progreso (APP) presentó certificados falsos para acreditar experiencia laboral. Nunca laboró como asesor legal externo en temas civiles y laborales, encargado de las conciliaciones dentro y fuera de la empresa minera Catequil.

Al descubierto en Cuarto Poder, presentaron documentación falsa, pero eso no impidió que fuesen contratados en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República. Hablamos de Jorge Torres Saravia e Isabel Cajo, dos de los principales implicados en la presunta red de prostitución del Congreso.

Ni APP ni el área administrativa verificó la información que estos trabajadores presentaban. Con documentos falsos, Torres Saravia obtuvo un contratado como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República y obtuvo también un sueldo mensual de más de 19 mil soles. Cuarto Poder, a través de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública obtuvo documentos oficiales que demuestran esto y mucho más.

Torres Saravia ha sido contratado en 3 oportunidades en el parlamento. La primera vez, trabajó como asesor del excongresista Luis Valdés Farías, actual secretario del partido y mano derecha de César Acuña, durante julio de 2020 a julio de 2021. El hombre de confianza de Valdés ya registraba una grave denuncia por dopar y violar a una de sus subordinadas en el gobierno regional de la libertad, en 2020.

Eso, sin embargo, no impidió que sea contratado como asesor principal de otro congresista apepista Idelso Manuel García Correa, con quien laboró desde agosto de 21 hasta mayo de 2023, percibiendo un sueldo superior a los 11 mil soles.

Pero fue en setiembre de 2023 y durante la presidencia del congresista Alejandro Soto, que su suerte se duplicó y empezó a facturar casi 20 mil soles mensuales, como el flamante jefe del área legal y constitucional del Congreso.

Ese también sería el caso de Isabel Cajo, ex Miss Bikini, contratada como auxiliar de la Oficina Legal del Congreso en junio de 2024, con un sueldo inicial de 4 mil 433 soles que, en pocos meses y sin explicación alguna, se duplicó. Primero a 7 mil 883 y luego a 8 mil 145 soles, pese a no tener carrera universitaria. solo experiencia en modelaje.

A fin de acreditar experiencia laboral, Cajo presentó dos certificados que no se ajustan a la verdad: un certificado de prácticas profesionales y un certificado de trabajo emitidos por la misma empresa: E&H Constructora e Inmobiliaria, con sede en San Miguel. Las misivas son firmadas por Santiago Elescano, el mismo gerente general de la referida empresa constructora que mediante esta carta enviada, en enero pasado, al Congreso de la República, asegura que Isabel Cajo miente.

No cumplía el perfil, pero eso tampoco pareció importarle al congresista Edwin Martínez, quien ordenó y defendió la contratación de la joven en su despacho, en octubre pasado. El sueldo mensual de esta servidora que acreditó documentación falsa también fue modificado en su permanencia en el despacho del congresista Martínez. Sin tener las credenciales necesarias, pasó de ganar 3 mil soles en octubre de 2024, a cobrar más 7 mil soles al mes siguiente. De un mes a otro su sueldo se duplicó. 
Otra de las funcionarias que habría presentado documentación falsa es Mireylla Walter Lozano, quien estuvo un breve período de dos meses en la oficina de asesoría jurídica, que también dependía de Torres Saravia.

Según el informe de la auditoría, la funcionaria presentó un certificado de estudios del programa de formación superior para adultos de la Universidad César Vallejo, que no sería veraz según carta enviada por una funcionaria de la universidad propiedad de César Acuña, al Congreso.

Mediante un comunicado, Salhuana asegura haber solicitado a recursos humanos iniciar procesos administrativos disciplinarios contra los extrabajadores. La jefa de recursos humanos y responsable de las contrataciones en el Congreso, en aquel momento, era Heidi Figueroa, quien a inicios de este año y tras la escandalosa denuncia de una presunta red de prostitución fue removida de su cargo por el propio presidente del Congreso. Sin embargo, al poco tiempo, esta militante apepista fue reincorporada a la institución.

El perjuicio económico en agravio del Estado, solo en el caso de Jorge Torres Saravia asciende a más de 230 mil 899 soles. Si sumamos también las remuneraciones de Isabel Cajo y Mireylla Walter, el daño bordea los 300 mil soles. Plata como cancha que salió del bolsillo de todos los peruanos y terminó en manos de funcionarios beneficiados gracias a una aparente alianza para el blindaje.