Auditor denuncia que la Contraloría no lo apoyó en investigación a Torres

Juan Gastelo Quiroz es un auditor con 15 años de trayectoria en la Contraloría General de la República. Advirtió hace más de cuatro años que podría ir mal en la Municipalidad Provincial de Chiclayo en los tiempos del alcalde Roberto Torres Gonzales, preso hoy por ser presunto líder de una organización dedicada a la corrupción y al lavado de dinero.

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Era diciembre del 2012, en el inicio del segundo período de Roberto Torres, cuando Juan Gastelo fue destacado a Chiclayo como jefe de control interno de ese municipio provincial. Fue entonces cuando apuntó a diversas compras y contratos hechos por la gestión de Torres y a partir de allí, empezaron sus problemas.

Gastelo denuncia en Cuarto Poder cómo es que lejos de ayudarlo, sus superiores en la Contraloría, entre ellos el actual contralor Edgar Alarcón, obstaculizaron su labor y hasta le ofrecieron, según su versión, un importante incentivo económico a cambio de irse de la institución.

Son hechos que denunció hace más de un año y que se ventilan ahora en una fiscalía anticorrupción de Chiclayo.

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Cuando Juan Gastelo se hizo cargo de la jefatura de la OCI del municipio de Chiclayo, en setiembre del 2012, el alcalde Roberto Torres había sido vacado por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero Torres volvió al cargo en noviembre y muy pronto la OCI, una dependencia de la Contraloría, sufriría los primeros golpes.

“Regresa el alcalde y la semana de diciembre me retira a un auditor; a fines de diciembre me retira tres auditores más. Esa situación yo la comunico a la Contraloría, esperando el apoyo pertinente porque el alcalde prácticamente estaba tratando de desequilibrar el OCI”, señaló Juan Gastelo Quiroz.

Con dos auditores apenas, ninguno ingeniero ni abogado, Gastelo empezó el 2013 y con la obligación de cumplir la meta de aquel año dispuesta desde Lima, que eran cinco auditorías, más las dos auditorías que su antecesor había dejado sin acabar. Siete en total. Entonces, les dijo a sus jefes, por escrito, que necesitaba refuerzos.

Sin personal, a inicios del 2013 Gastelo presenta ante pleno del Consejo Municipal de Chiclayo su plan de auditorías para aquel año. Sobraban las evidencias de irregularidades pero faltaban manos.

Por fin cinco meses después, en mayo, le asignan cuatro auditores y entre junio y julio pide autorización a la sede central para empezar la auditoría a las adquisiciones de menor cuantía, que eran numerosas y ganadas siempre por un grupo reducido de proveedores.

“Pasó fiestas patrias, y el 1 de agosto del 2013 recibo una llamada del señor Gustavo Gamarra Matos a mi teléfono celular.
-¿Quién es este señor?
El señor Gustavo Gamarra Matos trabajaba en esa fecha, 1 de agosto del 2013, en la Gerencia de Control Operativo.
Y me dice: “lo llamo de parte del señor Haward Chang, usted tiene una reunión con la Alta Dirección”.
-¿Haward Chang, el actual asesor del contralor Edgar Alarcón?
El señor Chang, en el año 2013, era gerente de Control Operativo, luego pasó a ser gerente de Coordinación Regional de Lima Metropolitana, luego, asesor del vicecontralor Alarcón, y hoy día, asesor del contralor Edgar Alarcón Tejada”.

En efecto, el funcionario Haward Chang Hidalgo es actualmente asesor del contralor Edgar Alarcón. De hecho, cuando Cuarto Poder entrevistó al contralor antes del reportaje de la compra de los autos, Chang fue uno de los tres asesores que acompañó al alto funcionario.

En aquel momento era asesor de la Alta Dirección con Fuad Khouri como Contralor y Edgar Alarcón como vice contralor. Gastelo, llegó a Lima el día siguiente de la llamada telefónica, 2 de agosto y arribó a la sede principal de la Contraloría, en Lince, a las 9:30 de la mañana.

Ante la Fiscalía Anticorrupción Gastelo ha declarado que hasta las 3 de la tarde Chang no lo recibió y cuando ya se iba a marchar fue llevado al despacho de la secretaria general de la Contraloría, Carla Salazar Lui Lam. Fue en ese momento, según su testimonio, que la funcionaria le hizo un ofrecimiento económico para renunciar a su trabajo y dejar la institución.

“Y me alcanza un sobre manila con documentación para que yo me retire de la Contraloría […] Para que renuncie a la Contraloría, para que renuncie al trabajo”, señaló Gastelo.

La suma que le ofrecieron al auditor en ese momento para renunciar fue de 252 mil soles. Con los descuentos de ley, 213 mil soles. Allí mismo, asegura, le mostraron un cheque por esa suma. Y tiene los documentos para probar lo que dice.

El comprobante de pago que muestra Juan Gastelo tiene fecha 31 de julio del 2013 y es un pago a su nombre por concepto de liquidación. Como no aceptó, el comprobante fue anulado. Él no se quedó con el cheque que menciona, pero como todos los cheques que emiten las instituciones del Estado se registran en el sistema SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas, allí quedó registrada la huella del cheque emitido a nombre del auditor en la misma fecha y por el mismo monto. Esta sería la evidencia de que el cheque sí existió. La Fiscalía Anticorrupción se Chiclayo se lo ha pedido a la Contraloría desde mediados del 2016, pero hasta ahora no se lo envían.

Nuevamente en Chiclayo, Gastelo no pudo concretar la auditoría a las adquisiciones fraccionadas del municipio. Poco después, se topó con que la gestión de Roberto Torres había adquirido por 3 millones de dólares esta vieja casona que había pertenecido a Mutual Chiclayo. La compraron con fondos que ya habían sido aprobados y destinados a otros procesos.

Allí no quedó todo. Al parecer al alcalde Torres le inquietaba el asunto. Pocos días después se produjo un hecho que sigue siendo la comidilla en Chiclayo y que estuvo en los titulares de los diarios de esa provincia.

Según las papeletas de ingreso a la Contraloría del día 7 de enero del 2014, el alcalde Roberto Torres Gonzales, el gerente municipal César Regalado Rodríguez, la funcionaria de Inversión Pública Manuela Pejerrey Campodónico y la pareja de Torres, Katiuska del Castillo Muro, ingresaron a la Contraloría a las 9:20 de la mañana, se entrevistaron con Haward Chang y se retiraron, los tres primeros, cincuenta minutos después, a las 10:11 de la mañana. ‘La jefa’ se quedó seis minutos más, según el expediente fiscal, para tomase fotografías en el interior del órgano de control.

En efecto, coincidencias o no, tres semanas después de la visita de Roberto Torres a la Contraloría, Juan Gastelo fue separado de la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad de Chiclayo y a fines de ese año despedido e inhabilitado de ejercer como contador público en entidades del Estado, hasta hoy.

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Pero en octubre del 2014, como dijimos, cayeron Roberto Torres, Katiuska del Castillo y otros integrantes de su presunta organización, los limpios de la corrupción.

Increíblemente, aún a pesar del ofrecimiento hecho al auditor a cargo de Chiclayo para dejar la investigación desde su propia institución, de las trabas que enfrentó  y de la sospechosa visita del alcalde a Contraloría, tras la caída de Beto Torres y de su pareja sentimental, Katyunska del Castillo, el alto mando de la Contraloría se dirigió a esa provincia y anunció sendas auditorías. El entonces vicecontralor Edgar Alarcón apuntó hacia Juan Gastelo y su equipo de auditores y lo responsabilizó de todo.

El alto mando de la Contraloría dijo en ese momento que si no hubo respuesta de la Contraloría fue por responsabilidad de Gastelo y sus auditores.

Los funcionarios de control aludidos en este reportaje fueron requeridos por Cuarto Poder a través de la Oficina de Prensa de la Contraloría. Pero la respuesta fue que no darían declaraciones. La Contraloría ha señalado que Gastelo fue separado de la OCI Chiclayo debido a su bajo rendimiento, pero si revisamos sus evaluaciones anuales oficiales de los años 2012, 2013 y 2014, veremos que sus notas oscilan entre 16.5 y 19. No sabemos a qué bajo rendimiento se refiere la Contraloría. Y además, si tan mal elemento era, por qué le ofrecieron una liquidación muy superior a la que le tocaba.

El viernes fue remitida a este programa una ayuda memoria y una copia de la carta de despido del auditor, en donde se señalan tres supuestas faltas graves cometidas por él: no haber emitido un informe administrativo de la gestión del presidente regional de Pasco en el 2009; no haber informado de un depósito de fondos del municipio de Chiclayo en una cuenta bancaria de fondos mutuos; y no haber cumplido con las metas anuales. Sobre las metas, el auditor ha explicado que fue por la falta de auditores; sobre los fondos mutuos, señala que sí informó los hechos; y sobre Pasco, sostiene que no firmó el informe final porque los que lo sucedieron excluyeron de responsabilidad al entonces presidente regional, y él no aceptó.

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En Chiclayo esta historia es conocida y sus personajes han ocupado varias páginas de los medios locales. Juan Gastelo no solo denunció el hecho ante la Fiscalía sino ante la Comisión del Congreso, de esta legislatura y de la anterior. La Comisión Permanente, que verá el caso Alarcón, tiene nuevas pistas para indagar y nuevos hechos que se suman a la denuncia del auditor Walter Grados. Con Gastelo, ya son dos los auditores los que denuncian a su máximo jefe.