El caso del Gasoducto Sur Peruano está relacionado con un gigantesco esquema de corrupción vinculado a la empresa Odebrecht, involucrando sobornos, manipulación de contratos y coimas a funcionarios peruanos de alto nivel.
Este caso ha cobrado aún más relevancia tras la orden de 36 meses de prisión preventiva emitida contra Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, por su participación en este esquema.
En diálogo con Canal N, la abogada Katherine Ampuero, exprocuradora anticorrupción, ha señalado que esta medida es tardía y, por tanto, poco efectiva.
Ampuero explicó que la denuncia contra Barata y otros implicados, como Nadine Heredia y Ollanta Humala, fue presentada en 2017 por la Procuraduría, pero la Fiscalía archivó temporalmente las investigaciones sobre el Gasoducto debido a que Odebrecht no admitió haber pagado sobornos en este caso, a pesar de la abundante evidencia de corrupción.
"Odebrecht, después de firmar un acuerdo de colaboración eficaz con las autoridades peruanas, ha seguido protegiendo sus intereses económicos", agregó.
Ampuero recordó que demandó al Estado peruano ante el CIADI por una indemnización millonaria relacionada con la cancelación del proyecto del Gasoducto.
El retraso en las acciones judiciales ha permitido a Odebrecht y Barata vender activos importantes en Perú y desbloquear cuentas bancarias que estaban inicialmente embargadas.
La exprocuradora indicó que si se dictara una sentencia condenatoria, la capacidad del Estado peruano para cobrar reparaciones civiles sería casi nula, ya que gran parte del patrimonio de estos acusados ha sido liberado o transferido.
Según Ampuero, la deuda y los costos asociados al caso del Gasoducto superan los 12 mil millones de soles, y el Estado podría enfrentar una nueva pérdida si Odebrecht gana la demanda por 1,200 millones de dólares en el arbitraje internacional.
Extradición contra Jorge Barata
Ampuero mencionó que la orden de prisión preventiva podría desencadenar una orden de captura internacional, pero es poco probable que Brasil extradite a Barata, ya que la legislación brasileña no permite la extradición de sus ciudadanos y, además, Barata sigue siendo un colaborador eficaz en Brasil.
De acuerdo con la exprocuradora, esto convierte la medida en un gesto más simbólico que práctico, ya que la extradición de Barata sería prácticamente imposible.
En cuanto a la implicación de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes fueron denunciados por su papel en la concesión del contrato del Gasoducto, sus situaciones legales también se complican.
Ampuero remarcó que este proceso aún está en la fase de investigación y podría demorarse. Mientras tanto, ambos están próximos a enfrentar una sentencia en otro caso, relacionado con el lavado de activos por aportes de campaña.
