Fray Vásquez: Abogado afirma que fue una “decisión personal” entrega a las autoridades
El abogado enfatizó que, a pesar de las sugerencias de colaboración eficaz con las autoridades,cdecidió no entregarse inicialmente, ya que no confiaba en el sistema judicial y no se consideraba culpable de delitos
Iván Ramírez destaca su compromiso con su cliente, indicando que no lo abandonará independientemente de las decisiones que Vásquez tome. / Video: Canal N
El sobrino del expresidente de Pedro Castillo, Fray Vásquez, se entregó a las autoridades en la región de Puno. Él se encontraba próufgo de la justicia hace casi 2 años.
En diálogo con Canal N, su abogado, Iván Ramírez, remarcó que su entrega a las autoridades fue una decisión personal y o una estratégica legal.
El abogado enfatizó que, a pesar de las sugerencias de colaboración eficaz con las autoridades y a la influencia del mensaje del expresidente Castillo, Vásquez decidió no entregarse inicialmente, ya que no confiaba en el sistema judicial y no se consideraba culpable de delitos.
Como se sabe, el exmandatario publicó previamente un mensaje dirigido a los investigado de su caso solicitando que se entreguen a las autoridades.
Ramírez destaca su compromiso con su cliente, indicando que no lo abandonará independientemente de las decisiones que Vásquez tome.
Además, enfatiza su escepticismo sobre la estrategia de colaboración eficaz, argumentando que no confía en el sistema judicial ni en el Ministerio Público.
Finalmente, Iván Ramírez subraya el estado emocional de Fray Vásquez, quien expresó extrañar a su familia y contemplar la entrega a las autoridades como una opción cada vez más viable.
Se entregó a las autoridades
Tras un trabajo de inteligencia intenso de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder del Ministerio Público se logró la entrega del investigado Fray Vásquez Castillo, quien se encontraba prófugo de la justicia hace 11 meses.
Cabe mencionar que el sobrino del expresidente Pedro Castillo enfrenta el pedido de prisión preventiva de 24 meses por los presuntos delitos de colusión y tráfico de influencia en el caso Puente Tarata
