Venezuela ha deportado a 791 colombianos en la frontera binacional
La medida de excepción, que rige en cinco municipios de Táchira por 60 días, fue anunciada el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro.
Colombianos regresan a las colas de aduana en la ciudad fronteriza de San Antonio, Estado Táchira, Venezuela. (Vía: AFP)
Venezuela ha deportado a 791 colombianos indocumentados durante las operaciones desplegadas en el marco del estado de excepción decretado por el gobierno en un sector de la frontera binacional, que permanece cerrado, informó este domingo una fuente oficial.
"Hasta el momento se han trasladado 791 ciudadanos al consulado general colombiano, sin ningún tipo de atropellos ni violencia", dijo el gobernador del estado Táchira (oeste), José Gregorio Vielma, al canal gubernamental VTV.
"Los estamos entregado como manda la ley, sin atropellos, sin humillaciones ni torturas; cuentan con agua potable, sillas y alimentos", agregó el funcionario, quien negó que niños estén siendo separados de sus padres.
La medida de excepción, que rige en cinco municipios de Táchira por 60 días, fue anunciada el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro junto con el cierre indefinido de ese sector del paso binacional.
Maduro tomó tales decisiones tras un ataque armado de desconocidos que hirió a tres militares y un civil venezolanos, quienes realizaban una operación contra el contrabando en la ciudad de San Antonio del Táchira.
Hasta el sábado, Vielma, encargado de coordinar las medidas del estado de excepción, había reportado 185 deportaciones y la captura de ocho supuestos paramilitares, uno de los cuales estaría implicado en el ataque.
Según Maduro, esas acciones buscan "extirpar" a grupos paramilitares llegados desde Colombia, a los que vincula con el intenso contrabando fronterizo y un plan de desestabilización política.
La clausura parcial del corredor binacional fue declarada inicialmente por 72 horas y debía concluir este domingo.
El estado de excepción, que podrá ser prorrogado por 60 días más, prohíbe el porte de armas y permite a las autoridades realizar allanamientos e interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial.
(AFP)
