Tiroteo en Fort Lauderdale: sospechoso comparece por primera vez ante un juez
Durante la audiencia, que duró menos de media hora, Santiago Ruiz se mantuvo sentado y tranquilo todo el tiempo
El exmilitar estadounidense de origen puertorriqueño Esteban Santiago Ruiz recibió hoy un abogado de oficio y fue informado de que si es hallado culpable del tiroteo en el que murieron cinco personas en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale puede enfrentar la pena de muerte.
Santiago Ruiz, de 26 años y excombatiente en Irak, compareció hoy por primera vez ante la justicia desde que el viernes se entregó a la policía tras haber disparado con una pistola semiautomática a más de una decena de personas dentro del citado aeropuerto.
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Esposado, vestido con un mono carcelario rojo y rodeado de policías, el exintegrante de la Guardia Nacional fue llevado hoy desde la cárcel del condado de Broward hasta la sede de los tribunales federales en Fort Lauderdale.
Aunque hasta ahora no ha sido imputado formalmente, se conocen ya las acusaciones que le hace la Fiscalía: acto de violencia contra personas en un aeropuerto internacional, uso de arma de fuego en el curso de un crimen violento y causar la muerte de personas con un arma de fuego.
La jueza federal Alicia Valle le dijo hoy que a una "ofensa capital" le puede corresponder como castigo la "muerte".
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La audiencia duró menos de media hora y Santiago Ruiz se mantuvo sentado y tranquilo todo el tiempo.
Valle asignó la defensa de Santiago Ruiz a Bob Berube, un abogado de oficio, pues, según dijo el detenido, está desempleado y no tiene más que unos diez dólares en su cuenta bancaria.
La próxima audiencia fue fijada para el 17 de enero, en este caso ante la jueza Lurana S. Snow, y se centrará en establecer el estatus de su detención, según un comunicado del Departamento de Justicia.
Actualmente y de manera temporal está detenido sin fianza.
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El comunicado oficial recuerda que los cargos de los que va a ser imputado son castigados con la muerte o con cadena perpetua.
La acusación es ejercida por el fiscal general adjunto Ricardo A. del Toro con la ayuda del fiscal del Departamento de Justicia Larry Schneider.
EFE