Colombia: arquitecto violó y asesinó a niña indígena

Una Colombia consternada por la violación y asesinato de una niña indígena de siete años reflexionaba este miércoles sobre los crecientes números de violencia contra la infancia en el país, mientras el presunto autor del crimen era enviado a prisión.

El arquitecto Rafael Uribe Noguera, de 38 años, señalado como presunto autor del rapto, violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní fue enviado a prisión por un juez de control mientras se desarrolla el juicio en su contra, informó la Fiscalía a la AFP.

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Miembro de una adinerada familia de Bogotá, Uribe Noguera es señalado de haberse llevado a la menor el domingo del humilde barrio Bosque Calderón Tejada, en el este de la ciudad, hasta un apartamento de propiedad de su familia, ubicado en una zona cercana y donde fue encontrado el cuerpo de Samboní.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, declaró que el ente acusador ya tiene "una prueba biológica para determinar al autor del crimen" e informó que el auto donde Uribe Noguera habría transportado a la niña y el apartamento donde fue encontrada muerta fueron ya incautados "con el objeto de que se pueda reparar a las víctimas".

"La Fiscalía no va a permitir que este sea un caso de obstrucción a la justicia", dijo también el fiscal al referirse a la manipulación que trató de hacerse de la escena del crimen.

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Después del asesinato, el presunto asesino fue ingresado en una clínica por sus familiares para recuperarse de una supuesta intoxicación con alcohol y drogas. Pero finalmente en la noche del martes fue llevado a los juzgados y posteriormente a La Picota, una prisión de máxima seguridad en el sureste de Bogotá.

Las autoridades trasladaron a Uribe Noguera en medio de grandes medidas de seguridad, vistiendo chaleco antibalas y a bordo de una tanqueta antidisturbios, debido a las numerosas manifestaciones de repudio que ha provocado el caso.

Afuera de la clínica donde estuvo recluido, decenas de personas se reunieron a pedir justicia e intentaron golpearle cuando salió. También al llegar al juzgado fue recibido con gritos de "asesino" y "pervertido".

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Según los medios que acudieron a la sala de audiencias, Uribe Noguera fue señalado de los delitos de "feminicidio agravado, tortura, secuestro simple y acceso carnal violento", cargos de los que se declaró inocente.

 - "Tiene que pagar" 

Este miércoles, mientras el hombre era trasladado a prisión, decenas de personas acompañaron el cortejo fúnebre de la menor en las calles de Bogotá. Llevaban globos blancos, corearon "Yuliana, Colombia está contigo" y pidieron la pena máxima de 60 años de prisión para el responsable del crimen.

La niña pertenecía a la etnia indígena yanacona y era originaria del departamento del Cauca (suroeste), adonde su cuerpo fue trasladado en un avión de la Policía tras una misa en la capital.

En el aeropuerto de Popayán, capital departamental, el cadáver fue recibido con una calle de honor formada por decenas de miembros de la fuerza pública, estudiantes y funcionarios.

"Este hombre, este sujeto, tiene que pagar como sea, como dé lugar. Tienen que condenarlo, esto no puede quedar así", dijo a la AFP Almayari Burbano, indígena presente en los actos fúnebres en Bogotá.

El repudio por el caso alcanzó todos los sectores de la sociedad. El presidente Juan Manuel Santos pidió que "todo el peso de la justicia caiga sobre el responsable".

En el Congreso se han presentado en las últimas horas propuestas para endurecer los castigos contra violadores y asesinos de menores, que van desde la cadena perpetua -inexistente en Colombia – hasta la castración química.

Según el Instituto de Medicina Legal, Samboní murió por "asfixia por sofocación y estrangulamiento" y además "fue objeto de abuso sexual".

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En entrevista con la página web de la revista Semana, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, dijo que "la violencia sexual en niños y niñas tiene unas cifras que van en aumento".

Hasta el 31 de octubre, se habían realizado 18.000 estudios forenses relacionados con abuso sexual a menores de edad en todo el país, aseguró.

A su vez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicó que en lo que va de año ha recibido "cerca de 35.000" llamadas por "denuncias de amenaza o vulneración de los derechos de niños y adolescentes".

(AFP)