Bolivia promulga ley para referendo sobre reelección de Evo Morales
La población debe aprobar o rechazar si se le permite al presidente Morales seguir gobernando.
El gobierno boliviano promulgó este jueves la ley de convocatoria a referendo, fijado para el próximo 21 de febrero, que tiene el fin de aprobar o rechazar si se le permite al presidente Evo Morales postularse para un nuevo mandato.
El presidente en ejercicio del país, Luis Alberto Gonzales – quien reemplaza en el cargo al titular Evo Morales y al vicepresidente, Alvaro García, fuera del país en tareas oficiales – le puso la firma a la norma legal en un acto público en el Palacio Quemado en La Paz.
La pregunta que los bolivianos deberán validar es: "¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?"
La oposición considera ilegal la reforma y anunció que espera demandar su aplicación ante el Tribunal Constitucional, que validó en un fallo precedente el tenor de la pregunta.
Gonzales, que es titular del Senado nacional, dijo que en el referendo "nos estamos jugando la posibilidad de profundizar este modelo económico que nos ha permitido en una década empezar a recomponer el desastre que ha sido de este pobre país en 180 años", desde su fundación.
Morales comenzó a gobernar en 2006, empalmó en 2010 un segundo mandato y un tercero en 2015 hasta 2020, todos nacidos en procesos electorales en los que arrolló a la dispersa y débil oposición, agrupada en partidos que van desde ideologías de derecha hasta de izquierda.
La oposición, que no cuenta hasta ahora con un líder único que pueda disputarle el poder a Morales, mantiene que el gobernante forzó el tercer mandato interpretando a su favor la actual Constitución boliviana, aprobada en 2009.
La Ley de Convocatoria significa una reforma parcial de la Constitución que le permitirá a Morales poder postularse para el período 2020-2025, una posibilidad no contemplada en la carta magna de 2009.