Vacunagate: Hallan responsabilidad penal en exfuncionarios de Cancillería y de la Región Loreto

La Contraloría General de la República encontró indicios de responsabilidad penal en tres exfuncionarios de la Cancillería y dos de la Dirección Regional de Salud de Loreto, por el caso conocido como Vacunagate. Estos son los altos funcionarios de cancillería a los que alcanza el delito de concusión.

“La exministra de Relaciones Exteriores, un asesor principal del despacho ministerial, y un funcionario de Cancillería también, que fue destacado al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros”, informó Luis Robas, gerente de Control de Megaoperaciones de la Contraloría.

El ente de control encontró además responsabilidad administrativa en cinco funcionarios de la Cancillería que por entonces dirigía Elizabeth Astete. Como se recuerda, estos funcionarios fueron inoculados irregularmente con “vacunas de emergencia” que estaban destinadas al equipo de investigación de anticuerpos contra la COVID-19.

“Hemos recomendado a la Procuraduría Pública hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para que se verifiquen y se investiguen las responsabilidades de naturaleza penal”, agregó el funcionario.

También se detectó responsabilidad penal, en la modalidad de peculado, en dos funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Loreto, quienes en marzo último autorizaron irregularmente la distribución de 66 dosis de la vacuna Pfizer entre personas que no formaban parte de los grupos priorizados.

“Tanto el director regional de Salud de aquel entonces, como la directora de inmunización y cadena de frío, encargada de la vacuna, organizaron esta vacunación al margen de las normas”, señaló.

Las responsabilidades administrativas alcanzaron también a tres funcionarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De esa casa de estudios fue inoculado irregularmente el rector Orestes Cachay y el vicerrector Felipe San Martín.

“Estas personas no tenían las calidades por el rol que desempeñaban en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para formar parte, para ser considerado parte del equipo de investigación y personal relacionado de dicha casa de estudios, y por tanto no debían ser vacunados”, dijo el funcionario.

La Contraloría además detectó irregularidades en personal de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y el Instituto Nacional de Salud. En total son 13 funcionarios más con deberán enfrentar procesos sancionadores por su rol en este delicado caso.