Teresa Hernández: La violencia no es solo un problema de la PNP
La ministra de la Mujer reconoció que existen fallos en la atención de casos de violencia por parte de algunos miembros de la Policía Nacional
La ministra de la Mujer, Teresa Hernández, se pronunció sobre la muerte del policía Darwin Max Condori Antezana, acusado de violación sexual y de feminicidio.
En declaraciones a la prensa, la titular del MIMP confirmó que el Ministerio del Interior había solicitado incluir al oficial en el programa de recompensas para acelerar su captura. Sin embargo, hoy fue encontrado sin vida antes de que pudiera ser intervenido.
Sobre lo sucedido, Hernández señala que el sujeto estaba consciente de estas acciones, lo que podría haber influido en su decisión final.
En esa línea, menciona el compromiso de su sector en continuar con el respaldo a la familia de la víctima y las acciones contra la violencia hacia la mujer.
Capacitación a la Policía Nacional
La ministra de la Mujer reconoció que existen fallos en la atención de casos de violencia por parte de algunos miembros de la Policía Nacional.
Al respecto, informó que se han iniciado medidas correctivas y disciplinarias contra los policías que no actuaron adecuadamente en este caso, en cumplimiento con la Ley 30364, que establece sanciones para operadores de justicia que incumplan con sus deberes.
En ese sentido, destaca la necesidad de reforzar la capacitación policial en temas de violencia de género. Subraya que la violencia no es solo un problema de la policía, sino de una sociedad que normaliza y justifica esta problemática.
Resalta la importancia de cambiar esta tolerancia cultural hacia la violencia mediante prevención y educación. Propone reforzar las campañas de prevención para atacar las raíces del problema.
Por último, la ministra Teresa Hernández indicó sobre una coordinación con el Ministerio del Interior y otros sectores, liderada por el premier, para ajustar las políticas y medidas que eviten la repetición de estos casos.
Se compromete a actuar ante cualquier irregularidad detectada en la atención de víctimas por parte de operadores de justicia o la policía.