SIS: funerarias cobraron miles de soles por medio de cartas poder

La comisión interventora del Seguro Integral de Salud (SIS) encontró que, mediante el uso indiscriminado de cartas poder, dueños de funerarias, familias enteras dedicadas al negocio de la muerte, cobraron de manera irregular el subsidio por fallecimiento de los asegurados más pobres. Y lo hicieron hasta abril del año pasado cuando el seguro decidió cerrarles el caño.

Entonces, se generó un serio problema, pues las funerarias de todo el país continuaron enterrando muertos y ahora le exigen al SIS el pago inmediato de una millonaria deuda por servicios de sepelio que las empresas fúnebres aseguran haber cubierto a nombre de los deudos acreditados para cobrar el subsidio del Estado por fallecimiento.   

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El subsidio del SIS por fallecimiento fue creado para ayudar a los pobres al momento de asumir la muerte de sus familiares asegurados. De esa manera, si la persona que fallece es un natimuerto mayor de 28 semanas de edad gestacional, o es un recién nacido menor de 29 días de edad, el SIS otorga a los parientes 350 soles para los gastos de sepelio. Pero si el asegurado muerto tiene 29 días hasta 11 años de edad, el subsidio del Estado es de 700 soles y, si tiene de 12 años de edad a más, el dinero que el SIS entrega es de 1,000 soles.

Según las normas, este financiamiento debe cubrir los gastos por ataúd, capilla ardiente, mortaja, traslado del fallecido del lugar del velatorio al cementerio y cobro por derecho a cementerio, sepultura o cremación. “Los deudos tienen que acreditar a una persona y puede ser familiar quien estuvo hasta el final con el asegurado ellos son acreditados”, explica Moisés Rosas, jefe del SIS.

Hasta abril del año pasado, el cobro del bono por fallecimiento podía hacerlo también la persona, no necesariamente un familiar, que haya cubierto los gastos por sepelio del asegurado fallecido.

Sucede que, según las normas del SIS, el subsidio se hace efectivo recién dentro de los 60 días posteriores de producida la muerte del asegurado. Pero el proceso burocrático de desembolso puede durar más tiempo.

Es allí donde se abrió una puerta al negociazo e ingresaron los dueños de las funerarias que se ofrecían a cubrir todos los gastos de sepelio del asegurado fallecido a cambio de una carta poder firmada por el deudo que, a futuro, les permitiese a ellos cobrar el subsidio del SIS sin fiscalización de por medio.

Como sabían que la norma del SIS prohíbe que el bono por fallecimiento sea cobrado por funerarias, los dueños de esas empresas no mencionaban a sus negocios y, como personas naturales, tramitaban el subsidio a sus nombres o a nombre de familiares, todos vinculados al negocio.

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La comisión interventora del SIS encontró un desmesurado uso de cartas poder e hicieron sumas y restas. Así, encontraron, que, desde el 2009 hasta el 2016, Diana Carmona Uchuya, dueña de la funeraria INSSA de Iquitos, cobró a su nombre el subsidio por pago de sepelio de 4,744 asegurados del SIS que murieron en la región Loreto.

El negocio fue tan bueno que su esposo, Antonio Flores García, también de la funeraria INSSA de Iquitos, incursionó en mercado funerario SIS y cobró el subsidio por pago de sepelio de 1,486 asegurados sin ser familiar o haber estado al pie de la cama cuidando al enfermo hasta que la muerte le llegó. Este señor solo presentó la carta poder a su nombre, adjuntó las boletas de gasto por sepelio que él supuestamente hizo y, al final, negocio cerrado.  

De acuerdo a la base de datos del sistema de registro del SIS, investigada hoy por auditores, esta pareja de esposos hizo aparentes cobros irregulares del subsidio de fallecimiento más de una vez por un mismo muerto.

De acuerdo a los registros de la Unidad Descentralizada Regional del SIS, María Merli Shahuano Asipali murió en el 2013 y, a través de la carta poder que algún deudo acreditado le dio a los dueños de la funeraria INSA de Iquitos, el subsidio por gastos de sepelio lo habría cobrado primero, Antonio Flores y, luego, tres años después, en el 2016, como si esta humilde mujer hubiese resucitado y muerto otra vez, el bono del SIS por fallecimiento fue nuevamente cobrado, pero esta vez por Diana Carmona Uchuya.

La Contraloría General de la República encontró que en este tipo de casos trabajadores de unidades regionales del SIS, encargados del registro de los asegurados muertos, también estarían coludidos en un presunto negociazo con las funerarias.

De otra manera no se explica cómo, por ejemplo, el bebé de Katerin López Fasanando pudo morir dos veces: en el 2012 y en el 2016 y cómo el bono por fallecimiento pudo haber sido cobrado por dos personas distintas: por Diana Carmona Uchuya y por Antonio Flores García, los esposos de la funeraria INSSA de Iquitos. Ellos aseguran que, desde abril del año pasado, el SIS les debe por gastos de sepelios, hechos con cartas poder, nada menos que 600 mil soles.

A Menquely Tapullina Cachique supuestamente le correspondía un bono por fallecimiento de una adolescente asegurada que murió en el 2015 y, sin embargo, fueron los dueños de dos funerarias diferentes de Iquitos quienes cobraron el subsidio de un mismo muerto: Lorena Isern Flores, dueña de Olympo y, otra vez, Antonio Flores García, dueño de INSSA.

Lorena Isern Flores, según la comisión interventora del SIS, ocupa el cuarto lugar en el ranking de más cobros por subsidio de fallecimiento: asumió los gastos de 1,276 asegurados fallecidos y, ella, también afirma que, la institución que administra los fondos de los asegurados, le debe 350 mil soles por sepelios en los que ella invirtió su capital.

En el 2011, Duima Obregón Espinoza fue acreditada para cobrar el subsidio por sepelio de un natimuerto. Según los registros del SIS, a través de una carta poder, el bono fue aparentemente cobrado por Ayda Regalado Rojas, gerente de la funeraria Cristo Rey. El problema es que en el 2013, el bebé volvió a morir y, esta vez, el subsidio habría sido cobrado por Abner Dávila Bravo, de la funeraria Santo Cristo de Bagazán, en Rioja.

Lo increíble del caso es que Ayda Regalado Rojas y Abner Dávila Bravo son nada menos que trabajadores del Ministerio de Salud: laboran en el hospital de Rioja como enfermera y personal administrativo, respectivamente.

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Virginia León Llanto murió en el 2011 en Casma, pero su fallecimiento fue registrado en enero del 2012. El problema está que Carmela Briceño Campos, dueña de una funeraria con el uso de una carta poder, aparentemente cobró los gastos por sepelio tres veces por la misma muerta. Según los auditores del SIS, Virginia León Llanto, tenía 31 años de edad cuando murió, pero por ella se cobró dos veces un subsidio por fallecimiento como natimuerto y otro como adolescente.  

Ahora, con la reestructuración del SIS, se ha abierto una olla de corruptela inimaginable que se tendrá que enterrar. Negociar con la muerte de los más pobres entre los pobres no tiene nombre. Dejar las irregularidades en papel tampoco. Los responsables del negociazo, escondido en ataúdes, merecen un castigo legal. Mal haría el Ministerio de Salud dejar todo esta podredumbre sólo en manos de alguna Divinidad.