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16.10.2024

Ruth Luque: La Ley 32108 es para una clase política investigada

La congresista Ruth Luque también rechaza el texto sustitutorio propuesto por otro parlamentario. / Video: Canal N

La congresista del Bloque Democrático Popular cuestiona la inclusión de nuevas figuras delictivas, como la "criminalidad sistemática", que considera poco clara y confusa, acercándola al concepto de terrorismo urbano

La congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, denuncia que la mayoría parlamentaria está manipulando la Ley N° 32108 (crimen organizado) para ajustarla a sus propios intereses, específicamente para protegerse de investigaciones en curso

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria indicó que, en lugar de derogar una ley que claramente favorece a una clase política y no a la ciudadanía, se está buscando modificar el texto legal de manera que beneficie a los casos particulares de algunos congresistas. 

Critica las constantes reuniones de junta de portavoces, donde, a su juicio, no se busca un consenso para el bienestar del país, sino para salvaguardar intereses personales y evitar investigaciones judiciales. 

Rechaza texto sustitutorio

Además, la congresista rechaza el texto sustitutorio propuesto por otro parlamentario, argumentando que traslada responsabilidades de allanamiento a los defensores públicos, lo cual implicaría un uso indebido de recursos del Estado al servicio de la delincuencia.  

También señala que el texto no corrige el fondo del problema y que los cambios propuestos son parches que no abordan los verdaderos obstáculos que enfrenta el sistema judicial, como los candados que limitan la acción de fiscales y contradicen acuerdos internacionales, como la Convención de Palermo.  

Asimismo, cuestiona la inclusión de nuevas figuras delictivas, como la "criminalidad sistemática", que considera poco clara y confusa, acercándola al concepto de terrorismo urbano. 

Finalmente, la legisladora de izquierda se enfoca en que estos ajustes legislativos están diseñados para proteger a quienes están bajo investigación, en lugar de responder a las demandas de la ciudadanía y de fortalecer el sistema judicial. 

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