Reos tenían una central telefónica dentro del penal de Tumbes
La Diviac intervino 14 celdas y 29 inmuebles en diferentes partes del país, como parte de la investigación en contra de la organización criminal Los Broches de Puerto Pizarro
Toda una central telefónica en el penal de Tumbes. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) intervinieron 14 celdas de este centro de reclusión, como parte de una compleja investigación por estafa y extorsión.
Las autoridades informaron que la organización criminal denominada como Los Broches de Puerto Pizarro se dedicaba a armar todo un esquema de estafa, con el objetivo de hacerle creer a las personas que habían ganado un millonario premio.
“Había casos sin resolver, eso no lo podíamos permitir, teníamos que establecer de dónde venían esas llamadas. Teníamos que darle una explicación a la ciudadanía”, dijo el coronel Franco Moreno, jefe de la Diviac, en entrevista con Primera Edición.
Las autoridades señalan a Eduardo Alcides Altamirano como el cabecilla de esta organización criminal que, según las investigaciones policiales, amasó una fortuna que supera los S/2 000 000.
Los agentes de la Diviac descubrieron que los internos tenían módulos en sus celdas, desde donde enviaban los mensajes de texto a sus potenciales víctimas. También les confiscaron celulares, handsfree y otros objetos, que les servían para cometer sus ilícitos.
La Policía además intervino 29 inmuebles en diferentes puntos del país como en el Callao, Villa El Salvador, Chorrillos, Rímac y Tumbes. También decomisó cuentas bancarias, teléfonos, vouchers de pago y falsa publicidad.
El modus operandi de Los Broches de Puerto Pizarro consistía en enviar mensajes de texto a potenciales víctimas, señalándoles que habían ganado un premio de S/50 000 y una camioneta 4X4, como parte de un supuesto concurso en televisión. La Policía informó que existen 610 denunciantes.
“Estas denuncias venían casi todos los días. Esta organización tenía un alcance a nivel nacional. Amasaron una fortuna de S/2 millones”, señaló el coronel Franco Moreno a América Noticias Primera Edición.
Las autoridades indicaron que los datos de las víctimas eran comercializados en el mercado negro. La información caía en manos de otros delincuentes que comenzaban a extorsionar a estas personas.