Renuncia de PPK: Defensoría pidió que políticos actúen con responsabilidad

Ante la crisis política que atraviesa el país, tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que pide que se respete “la sucesión democrática establecida en la Constitución Política del Perú. La transición presidencial deberá hacerse de manera ordenada y ceñida al mandato constitucional”.

“La Defensoría del Pueblo hace una llamado a la concordia nacional y exhorta a los actores políticos a que actúen con el sentido de responsabilidad que demanda el momento actual”, indica el documento.

LEE: Pedro Pablo Kuczynski: así fueron sus últimos días en la presidencia

Asimismo, señala que “la trama de corrupción, expuesta, constituye una clara vulneración de los derechos de 32 millones de personas, quedando al descubierto que la gestión pública, en lugar de atender las demandas sociales y revertir las brechas de desigualdad, se ha dirigido a satisfacer los intereses particulares de malos funcionarios y autoridades, evidenciando que los servicios públicos se negocian en el Perú”.

“Esta situación se produce, entre otros aspectos, por la deformación perniciosa de la función de representación de los congresistas de la República, la cual no consiste en gestionar intereses para beneficio personal o ganar réditos políticos”, afirma el comunicado.

Además, la Defensoría del Pueblo indica que ante esta situación de “profunda crisis política y moral”, el país demanda la “conformación de un gobierno amplio y plural que tenga el firme compromiso de respetar los derechos fundamentales, priorizando la atención de la salud, educación, seguridad, lucha contra la corrupción y recuperación de la economía, restableciendo de esta manera la confianza de la ciudadanía y la legitimidad de las instituciones”.

LEE: Pleno del Congreso debatirá hoy carta de renuncia de PPK

“En el marco de un compromiso efectivo de lucha contra la corrupción, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y las instituciones públicas competentes deberán investigar y sancionar con celeridad a todos los responsables de los hechos revelados, garantizando el debido proceso”, concluye el pronunciamiento.