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10.04.2017

Punta Hermosa: acusan a familia de traficar terrenos en desfogue de quebrada

Tráfico de terrenos en Punta Hermosa. Foto: captura de TV

Sobre la familia Navarro Oré pesan múltiples denuncias de usurpación y estafa

El huaico que arrastró a Evangelina Chamorro y que casi acaba con su vida, la de su esposo y la de su ganado sacó a la luz el drama de unas 400 familias que viven una historia surrealista en la parte menos visible de Punta Hermosa. Una zona desértica donde el acceso está vigilado y cualquier visita es tomada por sospechosa. 

A estos vecinos de Evangelina Chamorro les vendieron lotes de terreno en una zona que no solo resultó el peligroso desfogue de una quebrada sino que está bajo el control de una organización bajo el mando de Diosdado Navarro Oré, un hombre que junto a su familia está siendo investigado por tráfico de terrenos y sobre el que pesan múltiples denuncias de usurpación y estafa.

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Es el mismo hombre al mando de la asociación Sumac Pacha, acusado de haber invadido 1500 hectáreas adjudicadas a Sedapal, tal como lo mostró un anterior reportaje de Cuarto Poder, y de haber cubierto con tierra una cantidad de lagunas destinadas al tratamiento de aguas servidas, aguas que acabaron por contaminar la playa Arica.

Un hombre que ha acumulado una considerable riqueza y al que ciertos jueces favorecen con recursos legales dilatorios para que continúe ejerciendo poder sobre terrenos en disputa, terrenos que lotiza a su antojo para venderlos a personas incautas que confían en su palabra y que hasta el momento del huaico no sabían que los lotes que habían adquirido estaban en litigio.

El presidente de Sumac Pacha ha demostrado tener buena suerte en algunos litigios. En este desalojo inminente de junio del año pasado por otro pleito por 72 hectáreas con la empresa Tisur, el secretario del Juzgado Mixto de Lurín, Jorge Obregón López, resolvió suspender el operativo. Los mil cuatrocientos policías tuvieron que regresar a su casa en el último momento y Sumac Pacha se salió con la suya.

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Logramos ingresar a Villa Nueva Navarra en el auto de uno de los afectados por la venta de lotes. Cabe resaltar es una zona bajo vigilancia de la familia Navarro donde según los vecinos se limita el acceso de invitados.

Los vecinos aseguran que a pesar de que la verdad del terreno en disputa ya salió a la luz, los Navarro les están cobrando mil dólares por la posesión de un título de propiedad. A pesar de que la justicia ya falló a favor del Estado en un juicio que apunta al desalojo o reubicación de los infortunados que compraron un pedazo de tierra la organización de la familia Navarro.

De pronto apareció sorpresivamente uno de los hijos de Diosdado Navarro, Dani Navarro, y esto fue lo que nos dijo:

Dani Navarro: ¿Se han identificado en la puerta cuando han ingresado?
Reportero: ¿Por qué?
Dani Navarro: Porque esta es propiedad privada, ¿por dónde se han metido?
Reportero: Por la puerta
Dani Navarro: ¿Por la principal? 
Reportero: Sí
Dani Navarro: ¿A qué hora?
Reportero: Ahorita
Dani Navarro: ¿Sus documentos los ha dejado ahí?
Reportero: No

Hay que decir que estas imágenes donde se ve el portón de Villa Nueva Navarra y a un sujeto grabándonos fueron captadas a la salida del predio. 

Los miembros de Sumac Pacha han venido diciendo que compraron las tierras a la comunidad campesina de Cucuya, y luego mediante una minuta de compraventa se la vendieron a Julie Alegría por cuatrocientos mil soles. ¿Quién es la señora Alegría? Pues la contadora de Sumac Pacha y madre de uno de los hijos de Diosdado Navarro. A su vez figura como vendedora de los lotes de Villa Nueva Navarra.

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Como es público la Superintendencia de Bienes Nacionales le ganó un juicio a Sumac Pacha por la posesión de las 1200 hectáreas sobre las que viven Evangelina Chamorro y sus vecinos. Pero el juez Julio Arbieto Huansi concedió una acción de amparo que ha impedido que el Estado recupere el terreno y ha permitido que la agrupación de Diosdado Navarro siga en posesión de una propiedad cuyos lotes vendió a personas humildes por sumas que costaron toda una vida de ahorro. Y los cobros no paran. 

Para el procurador de la Superintendencia de Bienes Nacionales ha quedado demostrado que el único propietario de las 1200 hectáreas es el Estado.

Lo inobjetable es que esta es una zona de riesgo por ser el cauce de una quebrada y eso pesaría a la hora de un veredicto final. Las grandes víctimas de todo esto son los humildes pobladores que compraron terrenos pensando en el futuro de su familia, un futuro que ahora resulta incierto.

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