El polémico informe de la CIDH que acusa de 'ejecuciones extrajudiciales' y 'masacres' en las protestas

Ruth Bárcena va hacia el aeropuerto de Ayacucho, pero para hacer un viaje al pasado, al día 15 de diciembre del 2022, cuando su vida cambió para siempre.

El último 15 de diciembre, el esposo de Ruth participó de las protestas contra el gobierno y fue una de las 10 víctimas mortales de aquella jornada, que aparece recogida en el informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que se hizo público esta semana y que ha generado una gran controversia en el país.

Leonardo Hancco - de 32 años - lideraba un grupo de transportistas y, según Ruth, había tenido una reunión con la Policía. Se acordó que la marcha sería pacífica.

Mientras Leonardo, su gente y miles más se agrupaban en la Plaza de Armas – tal como estaba previsto – otros manifestantes invadían el aeropuerto de la ciudad.

Leonardo y otros transportistas salieron de la Plaza de Armas con dirección al aeropuerto para auxiliar a los supuestos compañeros agredidos. Llegaron al terminal por la avenida del Ejército, pero fueron repelidos por militares, quienes se habían sumado al resguardo del aeropuerto y sus alrededores.

Una bala alcanzó a Leonardo, quien fue auxiliado aún con vida por sus compañeros. Ruth – que lo esperaba para almorzar – recibió la noticia y corrió en búsqueda de su esposo. En el camino, dice, fue testigo del ataque de un militar a un manifestante.

Ruth finalmente encontró a su esposo en la posta de Conchopata, a 400 metros del tiroteo. Con muchos órganos vitales afectados, Leonardo Hancco logró ser llevado al hospital regional.

Tras dos días de agonía, Ruth vio morir aquí a su esposo. Junto con él, producto de las marchas también fallecieron Josué Sañudo Quispe, Clemer Rojas García, Jhon Mendoza Huarancca, Luis Miguel Urbano Sacsara, José Luis Aguilar Yucra, Edgar Prado Arango, Raúl García Gallo, Jonatan Alarcón Galindo, y un joven de 15 años. Las necropsias confirmaron que todos tenían proyectiles de armas de fuego en el cuerpo.

Los familiares de los muertos y heridos se conocieron en medio del duelo y el dolor. Una unión que, por ahora, perdura. Esta asociación, presidida actualmente por Ruth, se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó Perú para analizar los hechos de violencia durante las marchas y manifestaciones de los últimos cinco meses.

Y precisamente, producto de sus dos visitas al país, dicha Comisión emitió un informe en el que dio a conocer sus observaciones. Entre ellas que: “A pesar del marco normativo, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza, en particular en los escenarios donde intervinieron las fuerzas militares, como ocurrió en Ayacucho.”

El mismo día de presentado el informe, el gobierno mostró su disconformidad con la observación más grave hecha por el organismo supranacional.

Pero sobre los sucesos de Ayacucho la conclusión que más polémica ha desatado tiene que ver precisamente con los fallecidos. A la letra dice que: “Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre.”

Para Miguel Soria, exviceministro de Derechos Humanos, el término ejecución extrajudicial se ajustaría a la definición del derecho internacional. En lo que discrepa el experto es en la denominación de masacre, que, si bien no está definida al pie de la letra, sí tiene antecedentes que la explican.

Sin embargo, en el imaginario colectivo ayacuchano hay poco margen para las interpretaciones legales. No hay palabras en el diccionario para su lamento. Para la presidenta Dina Boluarte y su gabinete, las conclusiones no son una sentencia.

Lo que el gobierno no objetó del informe fue que este concluyera que, efectivamente, hubo un Golpe de Estado el 07 de diciembre del 2022. La Comisión también señala claramente que Dina Boluarte es presidenta constitucional del Perú.

Las cien hojas del informe y sus 36 recomendaciones generaron reacciones en todo el espectro político de nuestro polarizado país. Ruth sabe que la controversia política va a ser parte del proceso, pero asegura que solo quiere justicia para su esposo y sus hijos, la mayor de 7 años y los gemelitos de los que estaba embarazada.

Esta justicia, sin embargo, no avanza al paso que debería. Igual que en Juliaca, Arequipa, Cusco y otras ciudades, las diligencias fiscales quedaron paralizadas.

El gobierno ha señalado que analizará las recomendaciones que ha dado la Comisión, pero hay puntos que le competen a otros poderes autónomos del Estado, entre ellos el Congreso.

Otra controversia generada por el informe es la manera en que sugiere dispersar a los grupos de manifestantes, pues alega que: “…el derecho a la protesta protege la presencia de manifestantes que, de forma pacífica, ocupan un aeropuerto o edificios públicos sin la destrucción de infraestructura.”

Lo que - a decir de algunos juristas - deja la puerta abierta para que se repitan escenarios como los de Ayacucho o Juliaca.

En contraposición, la Comisión sugiere que los agentes estatales estén mejor preparados para enfrentar los brotes de violencia. Ruth hubiera querido que esta recomendación llegara cinco meses antes, pues asegura que su esposo y las demás víctimas no querían tomar el aeropuerto.

Sin embargo, la recomendación principal que deja el informe tiene que ver con la instauración de puentes de diálogo entre los actores estatales y sociales, una salida siempre eficaz pero que en el horizonte de nuestras diferencias no termina de verse con claridad.