OSCE investiga millonario contrato entre Estado y empresa de padre de la ministra Alva

El Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) investiga el millonario contrato firmado entre el Estado y la empresa vinculada al padre de María Antonieta Alva, la ministra de Economía.

“La Dirección de Gestión de Riesgos ha hecho revisión de esta información y habría identificado indicios de que esta contratación se habría realizado sin que se cumplan los requisitos y las condiciones. Lo que correspondería es hacer una evaluación para definir si se va a iniciar un proceso administrativo sancionador contra la contratista”, dijo Carla Flores Montoya, subdirectora de Normatividad del OSCE.

La empresa cuestionada se llama Hidroenergía Consultores en Ingeniería y forma parte del consorcio que ganó la buena en el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), que depende del Ministerio de Agricultura. El monto del contrato fue de un millón y medio de soles. Y se firmó en noviembre de 2019, cuando la ministra de Economía ya había asumido el cargo, a pesar que la ley de contrataciones del Estado, de manera expresa lo prohibía.

“En ese caso lo que se establece la norma, es que la entidad, la que evalúa, porque puede anular el contrato. Sí existe la posibilidad de que ese contrato pueda ser declarado nulo”, agregó Flores.

El propio consultor legal de Jorge Alva Hurtado, padre de la ministra de Economía, dijo a América Noticias que ese contrato no debió ser firmado por los impedimentos de la ley. Por lo pronto, el Tribunal de Contrataciones analizará la documentación del contrato y solicitará los descargos de la empresa y el PSI. El objetivo es determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.

El PSI informó que no se observa en la documentación presentada, el nombre del ingeniero Alva Hurtado, como integrante del consorcio. Ha pedido el descargo y de no desvirtuarse la imputación, se procederá a la nulidad del contrato. Además informará al Tribunal de Contrataciones del Estado, para evaluar una posible sanción contra el proveedor y procederá a acciones legales.

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