Minjus: Ganancias de concesiones serán retenidas para pagar reparaciones
De esta manera, el Gobierno busca garantizar que empresas vinculadas a corrupción cumplan con pagos
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, dijo que las ganancias que generen las concesiones en manos de empresas vinculadas a casos de corrupción serán retenidas por el Estado para garantizar el pago de las reparaciones civiles, en clara referencia al caso Lava Jato.
“Ni un centavo de las empresas corruptas va a salir del país”, aseguró Pérez Tello al indicar que con esta medida se garantiza que no se paralicen los servicios dados en concesión y se cumpla con las obligaciones al Estado.
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Explicó que el decreto de urgencia que crea el Fideicomiso de Retención y Reparación establece también que si empresas con ese tipo de problemas quieren vender sus activos, deberán pedir permiso al Ministerio de Justicia (Minjus).
“El Minjus fija la reparación civil, les diremos: quieres vender, paga tus deudas, la liquidación a los trabajadores, a la Sunat, pero el 30 % o 40 % se quedará congelado en un fideicomiso hasta que pagues la reparación civil”, indicó.
De lo contrario, sostuvo que las empresas que compren esos activos serán responsables solidarios en el pago de las obligaciones que se deriven de los procesos judiciales.
Pérez Tello refirió también que el Ministerio de Justicia hace un cruce con el Poder Judicial para conocer las sentencias penales de los funcionarios públicos, dado que, de acuerdo con la ley, esa es una causal de despido.
Además, precisó que las medidas dictadas por el Gobierno contra la corrupción permitirán que ninguna empresa sentenciada por actos de corrupción vuelva a contratar con el Estado, ni que los funcionarios públicos con sentencias por el mismo delito trabajen en el sector público.
Alejandro Toledo
Pérez Tello aseguró, asimismo, que el Gobierno sigue dos caminos para lograr que se cumpla la orden de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial contra el exmandatario Alejandro Toledo: la extradición y la expulsión.
Ambos, apuntó, se tramitan ante el Ejecutivo de Estados Unidos, dado que esa decisión final corresponde a ese poder del Estado. (Andina)