Dina Boluarte: Abogado de la presidenta negó “pacto” o “alianza” con Patricia Benavides
La defensa legal de la mandataria resalta que la forma de investigar acciones durante las protestas es cuestionable y subraya la importancia de analizar el uso de la fuerza en cada situación particular antes de involucrar directamente a la presidenta
Un testigo protegido causó revuelo al insinuar que la presidenta de la República, Dina Boluarte, habría accedido previo a las preguntas de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el caso de las muertes en protestas.
En diálogo con Canal N, el abogado defensor de la mandataria, Joseph Campos, explica su papel en el caso, negando conocimiento o interacción con personajes mencionados por el testigo protegido.
“No conozco al señor Nieves y a ninguno de los personajes que se han involucrado en el reportaje del día de ayer", dijo Campos.
El letrado negó categóricamente cualquier 'pacto' o 'alianza' y se refirió al proceso de defensa como un ejercicio profesional estándar, desligándose de cualquier conocimiento o participación en posibles preparaciones irregulares de su cliente.
Además, hizo hincapié en que su labor se centra únicamente en acusaciones directas a la presidenta por las muertes durante las protestas y no en otros temas como investigaciones sobre joyas.
Se debe investigar caso por caso
En esa línea, resalta que la forma de investigar acciones durante las protestas es cuestionable y subraya la importancia de analizar el uso de la fuerza en cada situación particular antes de involucrar directamente a la presidenta.
“El problema no es nuestro lado, el Ministerio Público no entiende o nunca entendió que esta investigación no debería existir. Debería primero investigarse caso por caso y determinar si hubo un exceso. Acá se ha ido directamente a la presidenta de la República", sostuvo.
“Yo no debo manejarme por la cultura de sospecha. No he recibido pliego y segundo, la presidenta no ha estado en un pacto o alianza con Patricia Benavides”, agregó.
La defensa se prepara para presentar un informe oral al fiscal de la nación, solicitando el cierre de la investigación por considerarla inconstitucional y perjudicial para la democracia y la administración efectiva del país.