José Miguel Castro implica a PPK y Westfield Capital en caso Rutas de Lima
El ex gerente de la Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán se acogió a la colaboración sincera
Algunos tienen terror a volver a la cárcel durante la pandemia y deciden acogerse a la colaboración eficaz, para evitar los barrotes y el hacinamiento. Es el caso de José Miguel Castro, gerente de la Municipalidad de Lima, durante la gestión de Susana Villarán.
Él ha comenzado a declarar ante el fiscal Carlos Puma, del equipo especial Lava Jato, y ha empezado por el expresidente PPK, su socio en varias empresas, Gerardo Sepúlveda, y su relación con la obra Rutas de Lima y su concesionaria, de Odebrecht.
"La inversión pasaría de 500 a 700 millones de dólares, beneficiando a Odebrecht con la supuesta ejecución de esta infraestructura adicional y beneficiando a Gerardo Sepúlveda, Westfield Capital y PPK que eran los comisionistas de este cierre financiero", Castro habla de lo que sucedió en el 2013, cuando PPK no era funcionario público, pero seguía siendo socio de Gerardo Sepúlveda.
En el documento redactado por el fiscal Puma, sobre lo que viene declarando Castro, recoge que en abril del 2013, luego de la revocatoria, Castro recibió por boca del entonces asesor de PPK, Gilbert Violeta, una invitación para desayunar en la casa del expresidente y hacer una presentación sobre el proyecto Rutas de Lima. "El señor PPK se mostró muy interesado en la concesión y en su forma de financiamiento", narra el escrito.
Luego, según lo declarado por Castro, vinieron reuniones con el socio de PPK, Gerardo Sepúlveda. "En agosto del 2013 lo visitó en la municipalidad Raúl Pereyra, representante de Odebrecht, acompañado de Gerardo Sepúlveda, a quién presentó como su asesor financiero. Lo que solicitaban eran beneficios adicionales a la concesionaria Rutas de Lima", se lee en el documento.
Hay que recordar que José Miguel Castro y Susana Villarán fueron a la cárcel el año pasado. El Poder Judicial dictó detención preventiva en su contra al ser acusados de los delitos de: lavado de activos, asociación ilícita y cohecho por haber recibido presuntamente $10 millones de las empresas Odebrecht y OAS para financiar la campaña de la no revocatoria de Villarán y la de su intento de reelección.
Tanto Villarán como Castro salieron de la cárcel hace unas semanas por ser personas vulnerables frente al COVID-19 y ahora están cumpliendo arresto domiciliario. Esta semana estaba prevista la audiencia de apelación contra su arresto domiciliario. Por miedo a la cárcel ha empezado a reconocer algunos de sus delitos y a acusar a otros: PPK, Gerardo Sepúlveda y su vínculo con Rutas de Lima ha sido su primera bala.
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