JNE: Impiden a Martín Vizcarra inscribirse como fundador del partido Perú Primero
El organismo electoral recordó que el exmandatario se encuentra inhabilitado por cinco y diez años para ejercer alguna función pública
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que el expresidente Martín Vizcarra se encuentra impedido de inscribirse como fundador y presidente ejecutivo de la organización política Perú Primero.
En la resolución N° 0094-2023 JNE, el organismo constitucional autónomo argumentó que el exjefe de Estado se encuentra inhabilitado por diez y cinco años para ejercer la función pública tras ser sancionado por el Congreso de la República.
Ambos impedimentos se dieron luego de juicios políticos en el Poder Legislativo por sus vínculos con empresas constructoras cuando se desempeñaba como ministro de Transportes en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y por su vacunación irregular en el denominado caso Vacunagate durante la pandemia por el covid-19.
"Los efectos de la inhabilitación impiden al funcionario sancionado ejercer el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participación y el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza", se señaló en parte del documento.
INSCRIPCIÓN DEL PARTIDO
En tanto, en la misma resolución, el JNE sí permitió la inscripción del partido político Perú Primero, debido a que esta "no puede ser asumido como propiedad de una persona".
"En suma, la persona inhabilitada por el Congreso de la República no puede fundar ni representar a una organización política, tal como lo señala el Tribunal Constitucional; sin embargo, ello no debe incidir restrictivamente en el derecho de los demás fundadores e integrantes respecto a asociarse y constituir una organización política", indicó.
PJ RECHAZÓ PEDIDO
Es preciso recordar que el último 11 de junio, el Poder Judicial rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa del expresidente, Martín Vizcarra, que buscaba anular la inhabilitación de cinco años para ejercer la función pública en su contra y que fue impuesta por el Parlamento.
En la solicitud, la defensa del expresidente argumentó que es imposible que el Congreso lo inhabilitara cinco años más, debido a que ya había sido sancionado por 10 años, por haberse vacunado irregularmente contra el covid-19 en el caso Vacunagate.