Instituciones vuelven a poner la mira en el caso Cuellos blancos del puerto
La Junta Nacional de Justicia, Fiscalía, el Poder Judicial y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales han acelerado distintos procesos de este engorroso caso
Las instituciones que durante largos meses dejaron en standby los casos de los Cuellos blancos del puerto se pusieron al día y tomaron decisiones importantes esta semana.
La Junta Nacional de Justicia comunicó la realización de una audiencia por medida de suspensión preventiva para ver el caso del fiscal Tomás Gálvez.
El magistrado de la Junta a cargo del proceso de suspensión de Gálvez ya elevó su propuesta al Pleno y ya se le notificó al fiscal supremo.
Si la propuesta es la suspensión, inmediatamente pasada la audiencia, Gálvez quedaría fuera de la Fiscalía por lo menos unos seis meses. El reglamento dispone que la ejecución sea inmediata.
En cuanto a la Subcomisión de Acusaciones Cosntitucionales, no se vio denuncia constitucional archivada contra Pedro Chávarry. Pero sí se le dio trámite a una denuncia de Yeni Vilcatoma contra el fiscal supremo Pablo Sánchez.
Pero antes de que este hecho generara una implosión en Acción Popular, 14 congresistas presentaron una nueva denuncia constitucional contra Chávarry sobre la base de una denuncia hecha el año pasado por la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos.
En la Fiscalía, Ávalos envió a la Subcomisión una denuncia constitucional contra los acusados de pertenecer a los Cuellos blancos del puerto: César Hinostroza, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe y Tomás Gálvez.
Ella planteó un cúmulo de hechos que se enmarcarían en delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, cohecho y organización criminal presuntamente cometidos con Gálvez.
Respecto del Poder Judicial, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha desautorizado la decisión judicial de no dar lugar a que se procese a Pedro Chávarry por delito de encubrimiento real.
Ahora, el fiscal supremo será procesado por este presunto delito debido a que intentó desestabilizar el caso Lava Jato destituyendo a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez el 31 de diciembre de 2018.
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