Grupo Oviedo: El 4 y 9 de julio se elegirá a representantes de azucarera
Asesor legal del grupo, José Isla, responsabilizó a un juez de Amazonas de emitir resoluciones judiciales al margen de la ley
El asesor legal del Grupo Oviedo, José Isla Montaño, acusó a un juez de Amazonas de emitir decisiones judiciales fraudulentas que están provocando enfrentamientos como el registrado hoy entre trabajadores de la empresa azucarera Agroindustrial Tumán y efectivos policiales. Acusó además que sería una organización criminal la que estaría organizando los disturbios.
“Desde el 10 de febrero existen estos enfrentamientos no de la población contra la Policía Nacional sino de una organización criminal debidamente organizada, que está actuando generando el caos y la violencia en la localidad de Tumán”, afirmó.
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En ese sentido, dijo que “esto es de exclusiva responsabilidad del juez de Bongará, Amazonas. ¿Qué tiene que ver un juez de Amazonas en la jurisdicción de Chiclayo? Lamentablemente de manera recurrente, el juzgado de Amazonas a cargo del juez José Antonio Bravo Soto está dictando una serie de medidas de administración judicial al margen de la ley”.
Cabe recordar que continúan las disputas legales por el control de la azucarera. Una medida cautelar de Amazonas permitió a los administradores judiciales estar al frente de la empresa; sin embargo, representantes del Grupo Oviedo fueron restituidos en el último directorio.
Isla Montaño invocó al presidente del Poder Judicial y la jefa de la OCMA a poner fin a esta situación. Además, informó que el directorio recién instalado ha decidido convocar a una junta general de accionistas para el próximo 4 y 9 de julio.
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“En esta junta participarán el pleno de todos los trabajadores, accionistas y jubilados de la empresa Tumán, tendrán todo el derecho de elegir a sus representantes para los próximos dos años. Hacemos una invocación pública a que todos asistan y elijan a sus representantes”, señaló.
Asimismo dijo que se ha invitado a la Defensoría del Pueblo y a instituciones públicas y privadas a que participen del proceso y garanticen la transparencia del acto electoral.