Estafa en Pucallpa: Una nueva denuncia contra Héctor Valer

En las afueras de Pucallpa, siguiendo un agreste desvío, se llega al camal que provee de carne vacuna y porcina a la ciudad más poblada de la región Ucayali. Aquí, cuando aún su elección como padre de la Patria, y mucho más su designación como presidente del Consejo de ministros sonaban lejanas, se dejó oír con rabia y amargura el nombre de Héctor Valer Pinto.

Según consta en este documento, firmado de puño y letra por Héctor Valer en febrero de 2017, el flamante ex primer ministro pasó a ser administrador del camal perteneciente a la municipalidad provincial de Coronel Portillo. 

Pero lejos de resaltar por sus finos cortes, las faenas del parlamentario electo por Renovación Popular, y hoy en día parte de la bancada de Perú Democrático, son recordadas como desastrosas por los operarios que estuvieron a sus órdenes hace cinco años.

Por aquel entonces, Héctor Valer era representante legal del consorcio COINCAR, el cual le había ofrecido a la municipalidad de Coronel Portillo invertir 500 mil dólares en el camal. 

Los trabajadores aseguran que incluso prometió incorporarlos a un mejor régimen laboral. Daba la impresión de ser un experto empresario ganadero, pero la ilusión de todos se desangró pocos días después de que Valer tomara posesión del camal, en febrero de 2017.

La estrategia de Valer fue duplicar el cobro a los ganaderos por el faenado de vacas y cerdos.

Esto generó que los ingresos del camal enflaquecieran, pues cada vez menos clientes iban al camal para beneficiar su ganado.

Por si fuera poco, las mejoras estipuladas en el acuerdo con la municipalidad de Coronel Portillo brillaban por su ausencia, tal como recuerdan quienes se quedaron a atestiguar el posterior descalabro.

Quien lanza tal acusación es hija de Aster Díaz Ruiz, dirigente ganadero que el 13 de junio de 2017 fue herido por la cornada de una vaca en las instalaciones del camal. 

Según Yahaira Díaz, las nulas medidas de seguridad bajo el mando de Valer posibilitaron que esto ocurra.

Aster Díaz fue llevado de emergencia al hospital regional de Pucallpa, pero por la gravedad de sus lesiones falleció el 19 de junio de 2017.

Por este hecho, ocurrido hace casi cinco años, el ministerio público investiga a Héctor Valer como presunto responsable de homicidio culposo, delito que según el código penal se castiga hasta con cuatro años de prisión.

Pero no es el único proceso abierto en Ucayali contra el hombre que hoy dice curará sus heridas en sus cuarteles de invierno. 

A raíz de la falta de liquidez en el camal pucallpino, 24 trabajadores dejaron de cobrar su salario y entablaron una demanda civil contra el consorcio
COINCAR por un aproximado de 200 mil soles. 

Esta situación - antes de ser revisada en la vía judicial – había sido advertida y verificada por Sunafil, que sugirió para la administración Valer dos multas que ascienden a 246 mil 37 soles. El pago hasta ahora es todo un misterio.

Las falencias de COINCAR como consorcio administrador del camal de Pucallpa han sido pormenorizadas en informes de Contraloría y en una investigación fiscal por colusión que se le sigue a Héctor Valer y al exalcalde de Coronel Portillo Antonio Marino en la sede anticorrupción de Ucayali.

En este documento del ministerio público se detalla que la adjudicación directa del camal al consorcio que representaba Valer fue hecha sin adecuarse a la normativa vigente. 

Es más, COINCAR presentó su propuesta técnica a la municipalidad el 09 de diciembre de 2016, antes incluso de constituirse legalmente mediante escritura pública, y la aprobación de su proyecto, según la fiscalía, no contó con la debida evaluación edil.

Dos de los tres miembros del consorcio COINCAR se vinculan con Héctor Valer Pinto. Uno de ellos era la Federación de Ganaderos de Ucayali que presentaba a Héctor Valer como el presidente de su directorio. 

El segundo integrante fue Ganadería El Pircal S.R.L., empresa de apenas 3 mil soles de capital social que había intentado, sin éxito, hacerse de la administración del camal en octubre de 2016, pese a que recién se inscribiría en SUNAT dos meses después. 

El gerente general de Ganadería El Pircal era Héctor Valer. Esta empresa, supuestamente experta en reses y camales, tenía como domicilio fiscal la sede principal de la Universidad Privada de Pucallpa, uno de cuyos accionistas - Alfredo Retuerto Niño - fue el tercer socio de COINCAR, con el 40.1 por ciento de obligaciones comerciales.

Por teléfono, Alfredo Retuerto nos contó que renunció al consorcio antes de la muerte del trabajador Aster Díaz. Asegura, también, que, pese a que la Universidad Privada de Pucallpa no ha sido licenciada por SUNEDU, jamás habría buscado que su exsocio en COINCAR le tendiese una mano desde la presidencia del Consejo de ministros o desde el Congreso.

Haberse apartado de COINCAR hizo que Alfredo Retuerto no fuese comprendido en otra de las investigaciones fiscales contra su socio. 

Nos referimos a la demanda por contaminación ambiental que inició la fiscalía provincial de Ucayali contra Héctor Valer Pinto y el exalcalde de
Coronel Portillo, Antonio Marino Panduro, acusados de dañar el ecosistema con las aguas residuales que genera el camal; problema que, sumado a la paralización de actividades por parte de COINCAR, mantuvo cerrado el establecimiento desde julio de 2017 hasta inicios de
2019. 

Durante ese periodo, se presume como dudosa la procedencia de la mayoría de carnes rojas que fueron consumidas en Pucallpa.

Pese a los indicios que tiene la fiscalía en el caso de colusión, y que podrían derivar muy pronto en acusación formal, el exalcalde Antonio Marino niega haber favorecido adrede a las empresas de Héctor Valer.

Por lo pronto, de los cuatro procesos que involucran al expremier Héctor Valer en Ucayali, el único con sentencia firme y definitiva es el que 24 trabajadores del camal municipal de Coronel Portillo siguieron contra el consorcio COINCAR por incumplimiento de pagos.

Las malas noticias para los acreedores son que COINCAR ya no existe y que la justicia, en última instancia, libró de responsabilidad solidaria en las deudas a la municipalidad de Coronel Portillo. En resumen, los operarios del camal acabaron sometidos por la ley del ‘perro muerto’.

Los números de Héctor Valer Pinto en Pucallpa no son alentadores. Entre multas, inversiones incumplidas y sentencias, sus empresas acumularon deudas por más de dos millones de soles. Un socio de cuidado, más aún si los negocios, visto está, atraen a cantidad de aves carroñeras.