Estado peruano tiene que defenderse ante la CIDH por demanda de terrorista del MRTA
La exministra de Justicia Delia Muñoz cuestionó la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de declarar admisible la denuncia del cabecilla terrorista Víctor Polay Campos contra el Estado peruano
La exministra de Justicia y exprocuradora Delia Muñoz cuestionó la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de declarar admisible la denuncia del cabecilla terrorista Víctor Polay Campos, líder del sanguinario grupo subversivo Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), contra el Estado peruano.
“En el caso del señor Polay, por los motivos de su detención y hechos que el alega, ya tuvo una queja ante el consejo de derechos humanos de la ONU y ante la CIDH que fue archivada en el 2010. Ahora la CIDH vuelve a plantear la necesidad de revisar el juicio que se le llevó a cabo entre el 2003 y 2005”, explicó la exministra.
Para Muñoz, “llama poderosamente la atención” que la CIDH pretenda reabrir una discusión sobre temas que ya han sido zanjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos peruanos hace ya varios años.
“El señor Polay considera que fue sujeto de una captura donde habrían ocurrido hechos de tortura que no han sido investigados. En segundo lugar, alega que fue juzgado por un tribunal militar sin rostro y que eso constituyó una vulneración a sus derechos. Y luego estima que la sala penal nacional incurre en la vulneración del principio de legalidad por juzgarlo nuevamente y con unas leyes que han sido modificadas. Todos estos temas ya han sido resueltos favorablemente para el Estado peruano”, remarcó.
Por ello, la también exprocuradora recomendó que el Estado peruano debe hacer una defensa adecuada para evitar que este informe se eleve a la Corte IDH.
CAMARADA ROLANDO
Polay, también conocido como "Camarada Rolando", fundó en 1980 el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cuyas prácticas incluyeron secuestros, asesinatos, cobro de cupos y la famosa toma de la residencia del embajador japonés en Lima en 1996, que culminó con la liberación de los rehenes por parte de los comandos “Chavín de Huántar”.
El 22 de marzo de 2006 fue declarado culpable por un tribunal por cerca de 30 delitos cometidos entre 1980 y 1990 y sentenciado a 32 años de prisión. Dos años después fueron aumentados a 35 años.
El MRTA ha sido señalado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como responsable del 1,5% de las más de 69.000 víctimas que se registraron durante el periodo de violencia en el Perú entre 1980 y 2000.