Edwin Oviedo: estos son los delitos por los que se detuvo al empresario

Edwin Oviedo, titular de la Federación Peruana de Fútbol, fue detenido la mañana de este jueves luego de que un juez admitiera el pedido de la fiscal que investiga el caso 'Los cuellos blancos del puerto'.

Según la resolución que autoriza la detención preliminar por 10 días, el delito principal por el que se ha solicitado esta medida contra Oviedo es el de pertenecer a una organización criminal y pedir favores judiciales a cambio de dádivas como entradas y viajes para ver a Perú en el Mundial.

También se le imputan delitos de cohecho activo específico, cohecho activo genérico y tráfico de influencias en calidad de instigador, todo por sus vínculos con la investigación sobre este caso de corrupción.

El documento también señala que, según testimonio de colaboradores eficaces, la relación entre Oviedo (alias 'Oso') y el exjuez César Hinostroza Pariachi era cercana y que el empresario tenía como fin desvincularse de las investigaciones en su contra por el caso 'Wachiturros de Tumán'.

A cambio ofreció entradas para la participación de Perú en la cita futbolística de junio de este año. También señala el documento como fundamentos presentados por la Fiscalía que existieron vínculos con el partido Fuerza Popular.

"Además, se atribuye a Oviedo Picchotito, tener vinculación con los congresistas de Fuerza Popular, a quienes habría facilitado entradas a cambio de protección política para continuar como presidente de la Federación Peruana de Fútbol", se lee. 

Esto como parte de la denominada "Ley de fortalecimiento de la Federación de Fútbol Peruano" o también conocida como 'Ley Oviedo'.

Los otros detenidos a pedido de la fiscalía son José Carlos Isla Montaño, Roly Capcha Requena, Alberto Carlo Chang Romero y Javier Prieto Balbuena. También se ha dispuesto el allanamiento, descerraje e incautación de bienes vinculados a este caso.

Rocío Sánchez Saavedra es la fiscal que solicitó la detención preliminar y la sala que resolvió la apelación a favor fue la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción.

La instancia está a cargo de los jueces superiores Castañeda Otsu, Salinas Siccha y Guillermo Piscoya. La resolución fue emitida el último miércoles 5 de diciembre.

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