Disolución del Congreso: la mayoría de exparlamentarios perdió su inmunidad

Los integrantes del Congreso disuelto perdieron su inmunidad parlamentaria, con excepción de los miembros de la Comisión Permanente, quienes aún mantendrán esta condición por cuatro meses más.

De los legisladores que ya no tienen esta prerrogativa, 31 tienen indagatorias pendientes en el Ministerio Público por diversos delitos.

Uno de los más preocupados por la pérdida de la inmunidad es Joaquín Dipas, quien tiene una sentencia de 5 años de prisión por el delito de colusión cuando era alcalde de Pichari. Su detención no se ejecutó por tener la inmunidad.

Otro pendiente de proceso es Moisés Mamani Colquehuanca, el exrepresentante de Fuerza Popular tiene indagación por delito de tocamientos indebidos y otras causas judiciales en Puno.

Por su parte, Yesenia Ponce se salvó en el Congreso de que se le levantara la inmunidad por un caso del supuesto pago de 10 mil soles al director de un colegio para que consigne su certificado de estudios.

En la misma línea están a la espera Betty Ananculí y Edilberto Curro.

Sin embargo, no todos están desprotegidos. Esto depende del proceso que afronten. En el caso de delito común, se refiere a uno en el que no se usa el cargo para cometer el ilícito.

Pero hay otros miembros del parlamento disuelto que seguirán gozando de inmunidad por 5 años más, beneficiados por el llamado antejuicio político. Entre ellos, Roberto Vieira, acusado de presunto tráfico de influencias.

"Para los delitos funcionales, que son donde sí usas tu cargo para cometer un delito, como Vieira, Luciana León, pareciera el caso del señor Meléndez, en esos casos tienes beneficio de antejuicio", explica el experto Luciano López.

Es decir, aquí se tendría que seguir el procedimiento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando se instale el próximo Congreso si la Fiscalía decide investigarlos preliminarmente.

Miembros del disuelto Congreso y miembros de la comisión Permanente como Javier Velásquez Quesquén, Richard Acuña y Héctor Becerril, señalados como supuestos integrantes de los Wachiturros de Tumán seguirán protegidos hasta que se instale el nuevo Parlamento.

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