Abogado de Nicanor Boluarte asegura que no está prófugo

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, argumentó que el proceso judicial contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte presenta irregularidades, especialmente en lo que respecta a la imparcialidad judicial y la falta de pruebas objetivas. 

En declaraciones a la prensa, la defensa legal del hermano de la mandataria pide que se reevalúe el caso ante un juez imparcial y considera que el Richard Concepción Carhuancho debe ser apartado del caso.

Además, señala que la condición jurídica de Nicanor Boluarte no lo coloca como un fugitivo, sino como alguien que está ejerciendo su derecho a defender su libertad frente a decisiones judiciales que considera arbitrarias. 

Subraya que la legislación peruana no contempla un delito específico por no acatar una orden judicial si esta se percibe como arbitraria y afecta directamente el derecho a la libertad.

En estos casos, prima la protección del derecho a la libertad mientras el acto judicial no haya sido ratificado por una instancia superior. 

Habeas Corpus 

Joseph Campos, otro de los abogados de Nicanor Boluarte, explicó la separación del juez Richard Concepción Carhuancho mediante un habeas corpus, argumentando que su participación en el caso afecta la imparcialidad del proceso.

Si el habeas corpus es aceptado, se solicitará que el caso sea conocido por otro juez, y que los actos del juez cuestionado sean declarados nulos, asegura Vivanco.

En esa línea, el abogado afirmó que está listo para presentar y sustentar la apelación contra la medida adoptada, y señaló que ha trabajado meticulosamente para contradecir los elementos presentados por el Ministerio Público.  

Vivanco denunció que las pruebas contra su defendido se basan en testimonios de colaboradores eficaces y testigos sin corroboración objetiva, lo que pone en duda la validez de las acusaciones.

El abogado enfatizó que no recomienda acciones específicas a su cliente, ya que la decisión de sustraerse al proceso es personal y no asesorada. 

En ese sentido, reitera que su defendido busca proteger su libertad hasta que las instancias judiciales superiores revisen y confirmen o rectifiquen las decisiones tomadas en primera instancia.