Daniel Soria presentó demanda de amparo contra ley para que Congreso elija a su propio procurador
En diálogo con Canal N, el procurador General del Estado sostuvo que esta norma debilita la defensa jurídica del Estado
El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, presentó una demanda de amparo contra la Ley 31778 que promulgó el Gobierno que permite que el Congreso de la República, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos puedan establecer la designación de sus procuradores.
“Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, presentó demanda de amparo contra la Ley 31778, en defensa de la autonomía en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, así como del derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad”, informó la Procuraduría General del Estado a través de su cuenta de Twitter.
Asimismo, detalla que la demanda de amparo será resuelta por la jueza Malbina Saldaña del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima.
Anunció presentar acciones legales
En diálogo con Canal N, el procurador General del Estado, Daniel Soria, anunció que está evaluando presentar acciones legales en contra de la ley que autoriza al Congreso, el Poder Judicial e instituciones autónomas a elegir a sus propios procuradores.
“El Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado se ha reunido hace poco, vamos a sacar un comunicado y hemos dispuesto evaluar acciones legales a realizar contra esta ley que entra en vigencia desde el jueves”, dijo.
Daniel Soria sostuvo que esta norma debilita la defensa jurídica del Estado. Resaltó que los procuradores tienen la obligación de defender los intereses de las instituciones, no de los titulares de estas e incluso particulares.
“La Procuraduría General del Estado rechaza y lamenta profundamente que se haya promulgado esta ley, que parte el sistema de defensa jurídica del Estado. Esos procuradores salen de nuestra esfera de competencias a partir de mañana”, señaló.
Gobierno promulgó norma
El pasado 7 de junio el Poder Ejecutivo promulgó la ley que reestablece la autonomía constitucional del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, con relación al procedimiento de designación de sus procuradores públicos.
Dicha norma modifica el Decreto Legislativo 1326, mediante el cual se crea la Procuraduría General del Estado, permitiendo que el Congreso, Poder Judicial y organismos autónomos puedan elegir por los titulares de dichas entidades "por un plazo de cinco años, mediante concurso público".
Además, mantienen autonomía administrativa y funcional para dirigir sus respectivos procesos de selección y no están sujetos a los lineamientos y disposiciones de la Procuraduría General del Estado.
Dichos procuradores, de manera excepcional, son designados mediante resolución del procurador general del Estado, previa comunicación del titular de la entidad.