La cuestión de confianza pedida por el Ejecutivo generó nuevas pugnas con el Congreso

El miércoles se escribió el más reciente capítulo de la historia de diferencias entre Ejecutivo y Legislativo, con el presidente Martín Vizcarra solicitando una vez más una cuestión de confianza, ese instrumento constitucional que busca salvaguardar el equilibrio de poderes.

Para los desmemoriados, no es la primera vez que lo hace. En setiembre del año pasado, presentó una cuestión de confianza, luego de que el Congreso dilatara la discusión de las reformas políticas y de justicia que iban a ser sometidas al referéndum de diciembre.

"¡Ni uno sólo de ellos en 40 días! Por el contrario, hemos visto congresistas tratando de dilatar y desnaturalizar los proyectos, con absurdas modificaciones que de aprobarse los transformarían en proyectos inútiles y perjudiciales para el país", dijo Vizcarra el 16 de setiembre de 2018.

Entonces, el Congreso le dio el voto de confianza y las reformas llegaron al referéndum, en buena cuenta gracias a la gestión de Daniel Salaverry y de otros parlamentarios. 

Hoy, el escenario es distinto. Tras el golpe dado por el Ejecutivo, y
luego del impacto inicial, muchos se preguntan si los términos de la acción planteada por Vizcarra son constitucionales. Y ahí, hay para todos los gustos.

¿Cómo se llegó a este escenario tan al filo del acantilado? 

El 10 de abril el Ejecutivo presentó 12 proyectos de ley al Congreso sobre reforma política, teniendo como base las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel para esta reforma, encabezada por Fernando Tuesta. 

El caballito de batalla era el tema de la reforma constitucional referida a la inmunidad parlamentaria. Que esta sea revisada a partir de ahora por la Corte Suprema y ya no, en última instancia, por el Pleno del Congreso. En caso de flagrancia, el congresista debía pasar inmediatamente a disposición del Fiscal de la Nación.

Vizcarra se reúne con los voceros de las bancadas del Congreso en Palacio de Gobierno, para discutir el tema de la reforma, a un mes de haber sido remitida al Congreso. En la comisión de Constitución del Legislativo se había acordado, previamente, que el premier Salvador del Solar asistiera a este grupo de trabajo el martes 21, para sustentar los proyectos.

Sin embargo, un día después, la comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, archivó el proyecto del Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria, con los votos naranjas, del Apra, de Alianza para el Progreso y Acción Popular. 

Es decir, se bajaron de un plomazo al caballo del Ejecutivo y con el caso del hoy prófugo Edwin Donayre aun dando botes por Pasos Perdidos.

Con el archivamiento del proyecto de inmunidad fresco, y en una postal
para el resumen del año, Vizcarra llega al Congreso junto a Del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, señalando que sus ministros no se presentarían ante la comisión de Constitución debido a que el Parlamento no tenía voluntad de cambio y no discutía las reformas. 
Salaverry estaba de viaje y se quejó de que nadie le informó debidamente de la visita del Jefe de Estado. Los fujimoristas no se dieron por aludidos. El comienzo de lo que vendría después.

Una semana después, este martes que pasó, la comisión Permanente del
Congreso decidió no acusar al ex fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, por el delito de organización criminal por el caso “Los cuellos blancos del Puerto”. 

Tampoco inhabilitarlo por 10 años de la función pública ni acusarlo del delito de encubrimiento personal. Chavarry en su argumento de defensa sostuvo que detrás de las acusaciones en su contra había un móvil político. Y se dio el tiempo de comparar las detenciones de Keiko Fujimori y Susana Villarán.

La criticada decisión de la Comisión Permanente de archivar las denuncias contra Chavarry, sin darle margen a una investigación a cargo de la Fiscalía de la Nación, allanó un camino que hasta entonces parecía mera especulación. La presentación de una nueva cuestión de confianza.

Para el miércoles 29, el rumor era ruidoso, mientras Bartra esperaba a un Del Solar que nunca llegó a la comisión de Constitución.Y es que la decisión ya estaba tomada. Todo reventó ese día a las 6 de la tarde en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

Sonrisas que intentaban denotar confianza y algunos gestos adustos que
daban idea de la magnitud del paso que se iba a dar. Vizcarra apareció con su gabinete, pero también, con buena parte de los gobernadores regionales con quienes mantenía una reunión ese día. 

No había un solo congresista oficialista, supuestamente cercano a Vizcarra. Que a su mano izquierda no figurara la también vicepresidenta, Mercedes Aráoz, decía mucho. Su lugar lo ocupaba Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca, y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

El divorcio entre Palacio y la Plaza Bolívar es evidente y no se circunscribe al predio naranja. El viernes, el congresista Gilbert Violeta, anunció que presentaría una acción de amparo para delimitar los alcances de la cuestión de confianza, referidos a los plazos de aprobación de las reformas. 

A su criterio, pedir que se aprueben los proyectos sin ‘desnaturalizarlos’ y colocando un plazo como el final de esta legislatura, no es razonable. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, sostuvo a través de un comunicado que el

presidente de la república no puede ‘forzar las cosas’ ni ‘imponerlas’. Algo que fue criticado por miembros del tribunal como Marianella Ledesma, quien dijo que la posición de Blume no era institucional.

El mensaje de Vizcarra ha tocado la tecla precisa en la indignación popular, lo que revertirá seguramente en su aprobación. Algo que, según sus críticos, lo obsesiona. 

En marzo, según Ipsos, Vizcarra contaba con el 56% de respaldo a su gestión. En abril, el respaldo descendió a 44%, lo que daba una idea de la caída en picada de su imagen.

Antes de regresar a Lima, el presidente dejó algunos títulos. Para empezar, recalcó que los proyectos de ley deben ser aprobados, en gran medida, como los planteó el Ejecutivo. Dijo no tener miedo a una vacancia presidencial. Algo que se estima, podría ser el as bajo la manga del fujimorismo.

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