Contraloría detectó irregularidades en contratos de 17 trabajadores del Congreso

Un informe de la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en la contratación de trabajadores del Congreso de la República.

Se trata de 17 trabajadores que, a pesar de no cumplir con los requisitos de ley, adquirieron la condición laboral de plazo indeterminado, diez de ellos por un acuerdo de Mesa Directiva. El caso ocurrió entre agosto de 2016 y julio de 2018, es decir, durante las gestiones que tuvieron como presidentes del Congreso a Luz Salgado y Luis Galarreta. 

En la lista de beneficiados aparece Luis Alberto Mejía Lecca, extesorero de Fuerza Popular. Él trabajaba en la Oficina de Defensa y Leyes del Parlamento y llevaba poco más de dos años en el Congreso cuando fue contratado a plazo indeterminado. La ley exige como requisito, por lo menos, haber cumplido 5 años consecutivos en el cargo. 

En esta lista también aparece Christian Peralta Navarrete, ex jefe de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento y ex jefe de prensa del partido Fuerza Popular en la última campaña presidencial. 

Peralta también llevaba dos años en el Congreso cuando lo promovieron como trabajador a plazo indeterminado, pese a no cumplir con los requisitos de ley.

Integra esta lista además el abogado Wilfredo Ponce de León, exasesor de Keiko Fujimori, que fue contratado en la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso hasta julio pasado, cuando renunció al cargo. Ponce de León también fue beneficiado con un contrato laboral a plazo indeterminado, sin haber cumplido con un mínimo de cinco años continuos en el Parlamento, tal como exige la norma.

Christian Peralta no quiso participar de este informe. Solo explicó telefónicamente que su contrato fue variado a plazo indeterminado tras un acuerdo de Mesa del Congreso. 

Por su parte Raúl Noblecilla, abogado de Luis Mejía Lecca, se abstuvo de hacer comentarios sobre este tema. Explicó que su patrocinado se encuentra aún en prisión.

Por lo pronto este informe de la Contraloría, del 9 de agosto último, recomienda que el Oficial Mayor, Giovanni Forno, disponga “el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Congreso”. 

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