Contraloría al TC: "Demanda de inconstitucionalidad amenaza gravemente lucha contra la corrupción"
El organismo de control interno advirtió sobre una eventual sentencia a favor de la ley 31288 podría generar "impunidad" en tramas de corrupción como los casos Fondo Mivivienda, Puente Tarata y Biodiesel de Petroperú
La Contraloría General de la República emitió un comunicado en el que indica que si se aprueba la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 31288, que aplica sanciones firmes para los casos de corrupción e inconducta funcional en las entidades públicas, está podría generar una impunidad en casos emblemáticos del país.
"Implicarían no solo dejar sin sanción administrativa a los casos de corrupción e inconducta funcional detectados, los cuales serían enviados al archivo; sino también, que las resoluciones de archivamiento puedan ser usadas por cuestionados funcionarios y servidores públicos ante el Sistema de Justicia para argumentar la nulidad de sus investigaciones, y así lograr impunidad por los hechos detectados", argumentó la Contraloría.
El órgano de control estatal recordó que el próximo 24 de agosto el Tribunal Constitucional (TC) analizará la referida demanda de inconstitucionalidad a la norma, la cual fue planteada por el Ejecutivo durante la gestión de Francisco Sagasti, el 26 de julio de 2021.
"Hechos graves como el favorecimiento a empresas constructoras por parte de 26 funcionarios del Fondo Mivivienda (caso Marka Group), que provocaron perjuicio económico al Estado superior a S/ 33 millones, y dejaron sin vivienda a más de 2 mil familias; las irregularidades en la adjudicación del Puente Tarata en la región San Martín, cuya inversión supera los S/ 300 millones [...] son solo algunos de los más de mil casos que se verían favorecidos de concretarse el objetivo de la demanda de inconstitucionalidad en cuestión", detalló en su pronunciamiento.
Asimismo, la Contraloría instó a los miembros del TC a evaluar "como corresponde" los argumentos de la defensa de la Ley 31288, la cual, según su opinión, "contribuye adecuadamente a luchar contra la corrupción, la impunidad y le permite al Estado sancionar efectivamente a los malos funcionarios por el grave daño causado".