Construcción civil: Sector enfrenta amenazas y cupos millonarios
El asesinato del dirigente sindical Arturo Cárdenas revela el drama del cobro de cupos impuesto a trabajadores y empresarios de la construcción
El asesinato de Arturo Cárdenas trasciende un crimen común. Enfrentarse a las mafias, pararse firme frente a ellas, negándose a ceder ante las amenazas y los cobros ilegales, le costó la vida al dirigente de construcción civil de Lima y Balnearios.
El cobro de cupos impuestos por mafias de la construcción se ha vuelto una carga cada vez más perversa y asfixiante para trabajadores y empresarios.
El asesinato de Arturo Cáceres no es un hecho aislado; es la muestra brutal de una guerra donde el valor se paga con sangre y donde los asesinatos son el cierre definitivo de aquellos a los que las mafias no logran doblegar.
Detrás de su muerte estarían los mismos extorsionadores a quienes Arturo Cárdenas tanto enfrentó.
En los últimos meses el gobierno anuncio, a través del Ministerio de Educación, la construcción de 14 colegios bicentenarios en San Juan de Lurigancho. Megaproyectos que superan los mil millones de dólares de inversión en el rubro construcción, un apetecible negocio para los extorsionadores que han encontrado en estos proyectos un terreno fértil para sus amenazas y cobros ilegales.
Lo que está en juego son miles y miles de dólares que la mafia de la construcción busca cobrar a través de las extorsiones, del pago de cupos.
La cifra es astronómica: entre el 1.5 y 2% de lo que el Estado paga por la construcción de obras que terminan en manos de la delincuencia, que actúa sin freno y sin control. Lo que la mafia exige – según los porcentajes de extorsión revelados por el presidente de la CGTP – sería entre 16 y 22 millones de extorsión para que puedan erigirse 14 colegios bicentenarios.
La falta de seguridad, de planes de acción claros y concretos del Gobierno, conlleva a que el Estado se convierta –indirectamente- en financista de la delincuencia. Ejecutar obras en nuestro país, públicas o privadas, tienen precio.
Negarse a pagar cupos ha significado el asesinato de varios sindicalistas en los últimos meses. La delincuencia respira impunidad en el aire, saben que el miedo paraliza y que las denuncias lejos de alarmar se han normalizado.