El Congreso y la ley que podría beneficiar a la minería ilegal
El Ejecutivo había anunciado una propuesta para acelerar la formalización en julio pasado, pero hasta el momento no se ha implementado una solución definitiva
La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha generado un debate en el Congreso de la República, donde se discuten cuatro proyectos para extender su vigencia más allá del 31 de diciembre de 2024.
Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, expresa su preocupación, sugiriendo que existe una posible inclinación de algunos congresistas hacia la ampliación del registro debido a intereses en las economías ilegales.
Herrera no es el único en cuestionar este proceso, ya que muchos especialistas ven en el Congreso una posible presión de sectores relacionados con la minería ilegal.
Máximo Franco, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, ha mencionado que ya se está negociando con legisladores, apuntando a un posible acuerdo para prolongar la vigencia de REINFO.
Por otro lado, Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, señala que transferir a los gobiernos regionales la gestión de la minería artesanal fue un error, argumentando que esto ha permitido el crecimiento de prácticas ilegales y, en algunos casos, criminales.
Gobitz advierte que el REINFO, que comenzó en 2017 con el propósito de formalizar la minería informal, no ha logrado su objetivo y ha resultado en enfrentamientos y hasta muertes.
Propuesta del Ejecutivo
El Ejecutivo había anunciado una propuesta para acelerar la formalización en julio pasado, pero hasta el momento no se ha implementado una solución definitiva.
Mientras tanto, algunos expertos sostienen que la prioridad debería estar en evitar la extensión de REINFO y en avanzar con la aprobación de una ley específica para la pequeña minería y minería artesanal, en lugar de perpetuar un sistema que, según ellos, no está funcionando como debería.
El debate continuará la próxima semana en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde se buscará una decisión sobre este tema crucial para la economía y la seguridad en el sector minero peruano.