Congreso es la única entidad estatal que puede elegir quién lo fiscalizará

Nuestros padres de la patria le anuncian al mundo luchar contra la corrupción, pero a la ahora de vigilarse a sí mismos, la alerta es muy distinta. 

El último 28 de marzo, con Martín Vizcarra estrenando la presidencia de la República se anunció con pompa de trabajo conjunto la promulgación de la esperada Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República.

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Una norma necesaria y esperada que permite que el órgano de control tenga fiscalizadores en todas las dependencias del Estado, municipalidades, regiones, ministerios, Poder Judicial, todas excepto una: el Parlamento.

El Congreso elige a dedo su propio fiscalizador, ni siquiera la diplomacia de nuestro actual contralor Nelson Shack, puede negarlo. “Siempre estos arreglos son discutibles”, dijo.  

Es decir, esos mismos padres de la Patria que proclaman a los cuatro vientos luchar contra la corrupción venga de donde venga, cual modernos paladines de la decencia, votaron casi de manera unánime esta viveza que no es otra cosa que la excepción contemplada en el artículo 19 de la norma, el que a la letra dice: Están exceptuados los jefes y el personal de control institucional del Congreso. En otras palabras, no lo elige la Contraloría sino la Mesa Directiva. 

Estamos hablando de un presupuesto que bordea los 600 millones de soles, como se dice, de todos los peruanos y recordemos el caso de las polémicas canastas navideñas y el caso de la compra de 980 computadoras sin licitación. Casi una decena de millones de soles.

Hay congresistas, como Héctor Becerril, de Fuerza Popular, que defienden este privilegio como un león herido, con garras y dientes. “Al final ¿nos fiscaliza o no la Contraloría? Sí nos fiscaliza la Contraloría. El hecho que no sea un organismo que esté dentro del Congreso porque así lo estipula nuestra ley orgánica no impide que la Contraloría ejerza el control sobre el Congreso”, aduce.

Incluso el mismo día del anuncio de la aprobación, por ejemplo, el congresista Miguel Torres de Fuerza Popular quien en un tuit calificó como un gol nacional la aprobación de esta buena norma, pero con su privilegio escondido, no quiso declarar. 

Ni siquiera la siempre frontal Rosa Bartra pudo darse unos minutos para ensayar una explicación. Lo cierto es que si bien el Congreso de la República goza de autonomía constitucional, este no debería ser una isla exonerada de control.

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Pero lo más incomprensible es que el propio contralor Nelson Shack había eliminado este privilegio en su proyecto de ley, razón por la cual el Ejecutivo había observado la norma.

“Habíamos preferido que haya una regla general de aplicación absolutamente homogénea para todos; sin embargo, somos conscientes de la autonomía del Congreso de la República”, dijo.

Es por gestos como estos que ya no es 11 por ciento la aprobación del Congreso, según la última encuesta de CPI esta aprobación disminuyó al 7%.