Congreso de la República: ¿la inmunidad parlamentaria debe ser eliminada?

La figura de la inmunidad parlamentaria, consagrada en el artículo 93 de nuestra Constitución señala que los parlamentarios no pueden ser procesados ni presos, sin previa autorización del Congreso, hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, salvo en los casos de delito flagrante. El problema es que la inmunidad, como prerrogativa ante el resto de peruanos, se convierte en impunidad.

También está la llamada inmunidad de arresto, según la cual, un parlamentario no puede ser detenido a pesar de haber sido sentenciado por un delito previo a sus funciones, como pasó con el congresista Benicio Ríos, a quien se le tuvo que levantar la inmunidad a pedido del Poder Judicial quien lo sentenció a 7 años de prisión en diciembre del 2017 por un caso de tráfico de tierras cuando era alcalde de Urubamba.

Benicio Ríos ahora está no habido mientras que el parlamentario de Fuerza Popular, Héctor Becerril, en virtud de la inmunidad exige que lo investigue solo el fiscal de la Nación. A estos casos se suma el de Richard Acuña a quien el Congreso no le levantó la inmunidad a pesar del pedido de que la Fiscalía, que lo investiga de un presunto fraude procesal en la compra de un terreno de 20 mil metros en Trujillo.

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La congresista Cecilia Chacón, logró anular su sentencia por enriquecimiento ilícito porque no la investigó el fiscal de la Nación o el ex presidente del Congreso, Luis Galarreta, a quien, en el período pasado, no se le levantó la inmunidad para enfrentar un proceso de peculado doloso de cuando era regidor de la municipalidad de Lima. Hasta la sancionada en ética, Yesenia Ponce, tiene que ser acusada constitucionalmente para que la justicia ordinaria la alcance, lo mismo ocurre con Maritza García.

Pero también están los casos como el del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien sin su inmunidad parlamentaria, asegura, no hubiera podido investigar la mafia de Orellana, ni la mafia del Callao.

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Es por eso, que en la actualidad por lo menos tres congresistas, la oficialista Patricia Donayre, el aprista Jorge del Castillo y Alberto Quintanilla de nuevo Perú han presentado tres proyectos de ley para eliminar el impopular privilegio de la inmunidad parlamentaria, incluyendo la recolección de firmas para un eventual referéndum, ya va cerca de 20 mil (se necesitan alrededor de 70 mil).

Lo interesante es que la fuerza de la opinión pública, que la da al Congreso un 97% de desaprobación, según las últimas encuestas, los obliga a dejar la puerta abierta para un serio debate al respecto.

Otra vez, la pelota está en manos del poder Legislativo. ¿Serán capaces los padres de la patria, de quitarse ellos mismos el privilegio de la inmunidad parlamentaria?