Reacciones en el Congreso tras rechazo al proyecto de ley sobre delitos de lesa humanidad
El Ministerio Público destaca que el proyecto resulta inviable jurídicamente, ya que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles
Congresistas de la República se pronunciaron sobre el rechazo al proyecto de ley sobre delitos de lesa humanidad por parte de la Junta de Fiscales Supremos.
Como se sabe, el Ministerio Público destaca que el proyecto resulta inviable jurídicamente, ya que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles.
De acuerdo, a la Fiscalía esto podría generar impunidad y vulnerar el derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares.
El congresista Roberto Chiabra sostiene que, aunque hubo excesos, estos no cumplen con los requisitos para ser considerados como tales, ya que no fueron sistemáticos ni generalizados.
El legislador señaló como ejemplos los hechos ocurridos entre 1980 y 2000, periodo que abarca los mandatos de los expresidentes Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori.
Asimismo, indicó que aplicar leyes retroactivamente es un abuso legal, ya que en ningún país del mundo se permite que una ley entre en vigor antes de su promulgación.
Caso contrario, la congresista Sigrid Bazán cuestionó que delitos cometidos por las Fuerzas Armadas y la Policía durante ese periodo pueden ser considerados de lesa humanidad.
Argumentó que casos como el de Manta y Vilca, donde se acusó a las fuerzas del orden de violar sistemáticamente a menores, sí deberían ser considerados como delitos de lesa humanidad.
Asimismo, criticó que, con esta ley, aprobada en primera instancia, intenta beneficiar a personas como Alberto Fujimori y otros militares acusados de estos delitos.
Por su parte, el parlamentario Alejandro Cavero consideró que el Ministerio Público abusó la figura de crimen organizado y por aplicar criterios políticos en sus decisiones judiciales.
En esa línea, subrayó que tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial han dejado de cumplir su rol de administrar justicia para inmiscuirse en competencias exclusivas del Congreso.
Ministerio Público lo considera inconstitucional
Además, considera que la propuesta normativa es inconstitucional, al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos y los estándares del derecho internacional, que obligan a los estados a investigar graves violaciones a los derechos humanos.