Congreso presentó demanda competencial ante el TC por fallo que ordenó retorno de dos magistrados a la JNJ
El Congreso interpuso una demanda competencial ante el TC contra el Poder Judicial por el fallo que permitió la reincorporación de Inés Tello y Aldo Vásquez a la JNJ
El Poder Legislativo pidió al Tribunal Constitucional (TC) anular el fallo del Poder Judicial que permitió la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El pedido hecho por el titular del Parlamento, Alejandro Soto, busca que se declare que el poder judicial carece de competencia para intervenir a través de resoluciones judiciales.
"Las atribuciones del congreso, carece de competencia para intervenir, a través de la emisión de resoluciones judiciales dictadas en procesos judiciales ordinarios y/o constitucionales, limitando y/o restringiendo las atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso de la República", se indicó.
Esta situación se dio en relación a la decisión del Legislativo que inhabilitó los magistrados Tello y Vásquez de la JNJ, solicitando además la nulidad de los fallos del Poder Judicial.
Además, se formalizó la medida cautelar a fin de suspender el fallo. "Solicitamos la suspensión de los efectos de la Resolución No. 1 dictada por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordenó la reposición inmediata de ambos magistrados en la junta con el objetivo de que dejen de ejercitar el cargo que considera vienen ejerciendo indebidamente", se expresó en el documento.
"El congreso tiene todo el derecho de hacer respetar sus fueros [...] Los dos señores defenestrados por el congreso de la República hoy día van a resolver la suerte de una exfiscal de la Nación lo cual no nos parece correcto", opinó Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso.
"Nosotros no podemos presionarlos ellos son autónomos porque ellos a través de los órganos electorales no se eligen a nosotros", manifestó Susel Paredes de Cambio Democrático Juntos por el Perú.
La demanda competencial y la medida cautelar están ahora en manos del máximo órgano que interpreta la constitución en el país.