Comisión de Constitución del Congreso aprobó delegar facultades legislativas al Ejecutivo
Con 18 votos a favor se aprobó el texto sustitutorio que otorga facultades al Ejecutivo para legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres, meritocracia y otros
La Comisión de Constitución aprobó este viernes por la tarde, con 18 fotos a favor, el texto sustitutorio del proyecto de ley que otorga facultades legislativas al gobierno de la presidenta Dina Boluarte en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres, meritocracia y otros.
Como se recuerda, el pasado 29 de agosto el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, se presentó ante la Comisión de Constitución y sustentó la solicitud del Ejecutivo para legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-Niño Global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos, por el plazo de 120 días.
El Poder Ejecutivo presentó el pasado 28 de julio el PL 5642/2023-PE, que incluye 50 normas, de las cuales 33 están enfocadas en seguridad ciudadana.
Por otro lado, seis están dirigidas a la gestión de riesgo, mientras que otros 10 decretos legislativos tratan sobre el desarrollo de la infraestructura y una sobre meritocracia.
En esa línea, la presidenta Dina Boluarte insistió en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias que el principal problema que enfrenta el Perú es la alta inseguridad ciudadana y el avance de la delincuencia.
“La Policía Nacional del Perú ha intensificado sus operaciones contra bandas criminales y ha desbaratado más de 6600 bandas y 82 organizaciones criminales”, destacó.
PASARÁ AL PLENO
Entre las medidas planteadas por el Ejecutivo, se busca establecer un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas.
Uno de los puntos más resaltantes es el enfoque en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, sin afectar la autonomía de los gobiernos regionales. Además, se contempla la posibilidad de celebrar convenios administrativos con recursos de organismos internacionales para fortalecer la seguridad ciudadana.
Otro aspecto polémico era la modificación del código penal, especialmente en lo referente a los delitos contra la seguridad y tranquilidad pública. Sin embargo, se ha dejado claro que estas modificaciones no afectarán las libertades de información, opinión, expresión, difusión del pensamiento y el derecho de reunirse pacíficamente.
Se espera que las facultades legislativas otorgadas al ejecutivo puedan ser utilizadas rápidamente para abordar los temas de seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastre.